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América Latina

Negociaciones internacionales sobre cambios climáticos : ¿Cómo garantizar avances ?

La cuenta regresiva para la realización de la
15ª Conferencia de las Partes (COP-15) de la
Convención-Marco de la ONU sobre Cambios
Climáticos en Copenhague, Dinamarca, ya
comenzó. Faltan cinco meses, pero es poco
tiempo para lo que se juega en esta conferencia,
durante la cual se deberá tomar una
decisión sobre el futuro del régimen global
de clima, en especial en lo que se refiere al
conjunto de metas de reducción de gases de
efecto invernadero para los países industrializados
y compromisos para planes y programas
nacionales para mitigar los cambios climáticos
en los países en desarrollo.

¿Qué está en juego en las negociaciones internacionales ?

En el camino a la COP-15, las negociaciones
se concentran en cinco bloques temáticos,
que son : Visión compartida (que apunta a definir
un objetivo global para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, de
acuerdo con el principio de responsabilidades
comunes, sin embargo diferenciadas), mitigación
(que trata de metas y acciones nacionales
e internacionales adicionales para reducir las
emisiones), adaptación (que pretende definir
la cooperación internacional necesaria para
apoyar la adaptación, mediante evaluación
de vulnerabilidades, capacitación y traspaso
de recursos, de los países y comunidades más
afectadas por los impactos de los cambios climáticos),
transferencia de tecnología (para
apoyar acciones de mitigación y adaptación),
y apoyo financiero (para apoyar acciones de
mitigación, adaptación y cooperación tecnológica).

En esta COP-15, será necesario definir las metas
de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero para los países industrializados
después del año 2012, cuando se
cerrerá el primer periodo del compromiso del
Protocolo de Kyoto. Existen varias propuestas
en la mesa, especialmente en el sentido de
presionar a estos países a asumir metas profundas.
Por otro lado, los países ricos esperan
señales muy claras de los países en desarrollo,
en especial de los grandes emisores de gases
de efecto invernadero como China y Brasil.
Así, cada uno espera del otro la realización
de sus compromisos, pero es crucial evitar un
impasse en estas negociaciones.

Otra área clave para garantizar avances en
Copenhague es la transferencia de tecnologías.
Muchos países en desarrollo entienden
que las innovaciones y tecnologías relacionadas
con los cambios climáticos deben ser de
dominio público y no estar bajo un régimen
privado de monopolio de patentes que obstaculiza
y encarece su transferencia. Esta discusión
necesita de una buena evaluación de
riesgos, para impedir que se dé, por ejemplo,
la transferencia de tecnologías como energía
nuclear, agrocombustibles a gran escala y
transgénicos. Los países deben dar prioridad
a la investigación e implementación doméstica
y adaptación de tecnologías ya existentes y
que se muestran socialmente justas y ambientalmente
correctas. También es fundamental
garantizar el control y la participación popular
en la definición de esas opciones.

Cambios climáticos en América Latina : Injusticia climática

América Latina está entre las regiones más
vulnerables a los cambios climáticos, como se
ha constatado en informes divulgados recientemente
por la Comisión Económica de la ONU
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por el
Banco Mundial. Los motivos se encuentran en
las características geográficas muy específicas
y en la baja capacidad política de mitigación y
adaptación que lleva a la injusticia climática,
una situación en la cual los países que contribuyen
poco o nada en las emisiones de gases
de efecto invernadero son los más afectados
por los impactos de los cambios climáticos. La
temperatura de la región aumentó cerca de
un grado durante el siglo pasado, generando
consecuencias como el deshielo de los glaciares ;
la ampliación de áreas desérticas ; daños
a pantanos y zonas costeras ; el riesgo de deforestación
de la selva de la Cuenca Amazónica ;
y un aumento de los desastres climáticos.

Los cambios climáticos causan también severos
impactos negativos en el sistema socioeconómico
de la región. El Banco Mundial prevé
pérdidas agrícolas en 2050 de la orden de
US$91 mil millones, equivalentes al 1% del PIB,
si se produce un aumento de la temperatura
de hasta 2ºC. En las regiones que ya sufren
con sequías, habrá un aumento de salinidad
y desertificación del suelo. Habrá también
un incremento de plagas y enfermedades en
las plantaciones y un aumento de la demanda
del agua para irrigación, generando una mayor
competencia por ese recurso. Como los
acuíferos estarán más secos, el costo de la
producción agrícola será más alto. Todo ese
escenario puede aumentar la desigualdad y la
pobreza de la población en áreas rurales, además
de contribuir a la escasez de alimentos,
generando inseguridad alimentaria. En la salud
pública, los cambios climáticos pueden provocar
más desnutrición y riesgo de incidencia de
malaria y dengue. En las áreas urbanas, uno
de los mayores problemas a enfrentar será la
falta de agua. Se estima que, en 2055, entre
60 y 150 millones de personas en la región sufrirán
estrés hídrico. Impactos serios también
se harán sentir en el sector de la industria y
del turismo, en especial en las áreas costeras,
debido al aumento del nivel del mar.

Crisis financiera y las fuerzas del mercado : ¿qué modelo de desarrollo queremos ?

Con el gran número de huracanes, inundaciones,
incendios y sequías en las más variadas
partes del planeta, parece que el clima
está cambiando a pasos más rápidos de lo que
avanzan las negociaciones. La crisis financiera
no debe ser usada por los gobiernos como disculpa
para no asumir compromisos claros para
enfrentar la crisis climática que es más grave
y permanente que la financiera. Se junta a
este escenario la crisis alimentaria y la crisis
de los recursos naturales, que se refiere a la
degradación de los ecosistemas y uso irresponsable
de los recursos naturales. En cuanto a
las crisis que se relacionan con la naturaleza,
podemos decir que forman parte de una crisis
más amplia, la crisis ambiental global, que es
fruto de la insostenibilidad del modelo de producción
y consumo hegemónico en el mundo.

En la propia discusión para reducir los impactos
de los cambios climáticos ha surgido
la propuesta de la agroenergía, como alternativa
de energía renovable en sustitución a
los combustibles fósiles. Debido a la variedad
de granos, Brasil y otros países de la región
presentan condiciones favorables para la producción
de agrocombustibles, especialmente
etanol. Se espera un crecimiento del mercado
internacional debido al incremento del precio
del petróleo y también porque los países desarrollados
están obligados a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero. El propio
Plan Nacional de Cambios Climáticos de Brasil,
lanzado el año pasado, afirma que “la expansión
de la producción brasileña de etanol
deberá acompañar el crecimiento del consumo
en los mercados interno y externo”. Así,
considerando la demanda nacional, se estima
un incremento de la producción de 25,6 mil
millones de litros en 2008 a 53,2 mil millones
de litros en 2017. La proyección de las exportaciones
en el mismo periodo salta de 4,2 a
más de 8 mil millones de litros. La producción
de etanol no sólo presiona enormemente sobre
tierras e infraestructuras de transporte,
sino que presenta graves problemas sociales,
como el trabajo-esclavo y ambientales, como
la quema durante la cosecha y la competencia
por recursos naturales.

Otro gran riesgo en la discusión sobre la solución
de la crisis climática es colocarla solamente
bajo la óptica de mercado, aún más en
tiempos de la crisis financiera que mostró el
fracaso del neoliberalismo. En este contexto,
existen varios mecanismos hoy, entre ellos el
Mecanismo de Desarrollo Limpio, creado por
el Protocolo de Kioto para auxiliar el proceso
de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero por parte de los países industrializados,
a partir de la implantación de tecnologías
limpias en países en desarrollo. Aunque
esos mecanismos tengan que contribuir al
desarrollo sostenible en estos países, permite
a los países ricos continuar con su modelo de
producción y consumo, perpetuando el modelo
capitalista mundial con una fachada “verde”.
Además de cuestionar el predominio del
mercado, que también permea otros debates
actuales en las negociaciones internacionales
sobre cambios climáticos, como REDD (Reducción
de Emisiones provenientes de la Deforestación
y de la Degradación de Bosques), se
hace necesaria una discusión sobre el modelo
de desarrollo que queremos para nuestra región,
el mundo y para las presentes y futuras
generaciones.

El movimiento por la justicia climática y por el pago de la deuda climática

Felizmente, existen propuestas más vinculadas
al campo popular para enfrentar la crisis
climática. En los últimos años, la sociedad
civil se ha involucrado cada vez más en el
debate, presentando soluciones innovadoras,
siempre basadas en la defensa de la justicia
climática. Una de las contribuciones gubernamentales
más interesantes fue lanzada
este año por Bolivia en la que propone que
los países desarrollados reconozcan la deuda
ecológica histórica y climática que tienen con
el planeta y crear un mecanismo financiero
para apoyar a los países en desarrollo en la
implementación de sus planes y programas de
adaptación y mitigación de los cambios climáticos ;
en la conservación de sus ecosistemas y
en la innovación, desarrollo y transferencia de
tecnología. Bolivia define la deuda climática
como la suma de la deuda de emisión (histórica,
presente y también futura) y de la deuda
de adaptación, que representa el costo con el
cual los países en desarrollo deben luchar para
adaptarse a los impactos de los cambios climáticos
generados por los países ricos.

En la visión de Bolivia, el mecanismo financiero
para el pago de esta deuda debería contar
con un aporte de, por lo menos, el 1% del PIB
de los países desarrollados, sin contar otros recursos
provenientes de impuestos sobre combustibles,
transnacionales financieras, transporte
marítimo y aéreo y bienes de empresas
transnacionales. Bolivia defiende claramente
que los financiamientos tienen que estar dirigidos
a los planes y programas nacionales de
los Estados y no para proyectos que siguen la
lógica del mercado.

La senadora brasileña Marina Silva, igualmente,
cuando era Ministra de Medio Ambiente
propuso un pago por parte de los países ricos
a los países en desarrollo que han preservado
sus bosques. La propuesta es reconocer los
servicios ambientales que esas áreas prestan
al planeta y garantizar incentivos financieros
para mantenerlas, incluyendo apoyo a las poblaciones
tradicionales que viven y trabajan
de forma sostenible en esas áreas.

El papel de los movimientos populares y de las ONGS en la lucha contra los cambios climáticos

Una actuación firme y constante de la sociedad
civil es crucial para garantizar un buen
acuerdo como resultado de las negociaciones
en Copenhague, tanto en el sentido de presionar
a los gobiernos para que asuman metas y
compromisos consistentes para enfrentar los
cambios climáticos, como en la movilización y
sensibilización de la sociedad en general.
Respecto a la presión interna, es importante
recordar que las reglas actuales de la Convención
de clima no obligan a los países en
desarrollo a asumir metas cuantificadas de
reducción de emisiones ; sin embargo, deben
elaborar planes y programas nacionales mesurables
que apunten a reducir las emisiones
y contribuyan al desarrollo sostenible. En
este sentido, el lanzamiento del Plan Nacional
de Cambios Climáticos de Brasil, en la
última conferencia del clima que se realizó
el año pasado en Polonia, fue muy aplaudido
y elogiado. Vale decir que no será suficiente
que Brasil divulgue sus propósitos fuera del
país y no cumpla con la agenda nacional asumida
y divulgada. Reconocemos, obviamente,
el hecho de que sea un país en desarrollo
él que establezca alguna meta para reducir
la deforestación, que es responsable del 75%
de las emisiones del país, pero el Plan no
debe quedar en el papel. Serán necesarios
mecanismos y estructuras de gobernanza y
monitoreo del Plan, con fuerte participación
de la sociedad civil y de las comunidades
afectadas por los cambios climáticos. A
la vez, es necesario denunciar la falta de
coherencia entre el Plan y los compromisos
asumidos por Brasil en la Convención del clima,
y otros planes y políticas gubernamentales
como el Plan Decenal de Expansión de
Energía 2008-2017 y el propio Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC).

Es también necesario y viable que otros países
de América Latina se comprometan a enfrentar
los cambios climáticos ; es coherente
que cada una cumpla su parte para disminuir
las emisiones de CO2 y el peso del carbono
en sus economías.

Entre las muchas iniciativas lanzadas por
organizaciones de la sociedad civil, destacamos
la Campaña Global del Clima (Global
Campaign for Climate Action/GCCA) que
busca movilizar la opinión pública para apoyar
procesos de transformación y acción rápida
para evitar cambios climáticos peligrosos,
centrándose inicialmente en un acuerdo
justo y equitativo en la Cop-15. Varias organizaciones
brasileñas ya están involucradas
en el capítulo nacional de la campaña, e
invitan a todas las organizaciones y personas
interesadas a colaborar, con acciones cotidianas,
estrategias políticas y movilización
masiva, en la lucha contra los cambios climáticos.
Ese tipo de iniciativas demuestra
que sólo la sociedad civil y los movimientos
sociales organizados pueden conducir a que
los gobiernos tengan posiciones más firmes
para enfrentar la crisis ambiental y los cambios
climáticos. (Traducción ALAI)


Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du CETRI.