CETRI
El 28 de octubre de 2007, el
Presidente de Perú Alan
García usó la metáfora del
“perro del hortelano”, en
un artículo de prensa “ [1],
para indicar que los pueblos amazónicos
tenían recursos que no aprovechaban,
pero no dejaban que fuesen
explotados por otros. A pesar de que
Perú ha ratificado, en 1993, el Convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y, en 2007, la
Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas,
el Gobierno ha querido eliminar tales
derechos mediante varios decretos legislativos
[2], con el fin de aplicar el
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Perú y Estados Unidos. Muchos de
esos decretos son inconstitucionales.
Su objetivo es quitar obstáculos a la explotación
del territorio, cambiar los derechos
de propiedad e incentivar las
exportaciones. Facilitar la venta de tierras
y la entrega de recursos amazónicos
a empresas transnacionales,
mientras se negocia otro TLC con la
Unión Europea, sin garantías para las
poblaciones indígenas.
Las organizaciones indígenas de la
Selva amazónica acusan al Gobierno
de Alan García de haber cambiado los
derechos sobre la tierra en beneficio
de empresas extranjeras. Lima ha firmado
contratos, por ejemplo, con la
empresa petrolera HOCOL [3] para
explotar una parte del alto Marañón,
sin haberse tomado la molestia de consultar
a las comunidades locales. La
actividad petrolera en la Amazonia peruana
empezó a principios de los años
1970. Hoy, el 70% del territorio amazónico
está en concesión a compañías
petroleras. Repsol opera en ocho
lotes en la selva peruana (alrededor de
5.100.000 ha) y Cepsa en cinco (alrededor
de 4.650.000 ha) ; una superficie
equivalente al 20% de España. Las
concesiones se superponen con territorios
indígenas, áreas naturales protegidas
e incluso con territorios de
pueblos indígenas en “aislamiento voluntario”
(esto es, pueblos que evitan
el contacto con la población nacional
y, por tanto, vulnerables a las mismas
enfermedades que, desde 1492, asolaron
a la población originaria americana).
Son incontables los conflictos con
las poblaciones locales.
En octubre de 2005, los pueblos ashaninka,
shipibo konibo, nawa, amawaka,
yine, resolvieron “declarar en
emergencia sus territorios de las regiones
de Ucayali, Cuzco y la provincia
de Atalaya ; negar el ingreso de las empresas
petroleras PlusPetrol y Repsol
en sus territorios, así como de las empresas
mineras, forestales y otras transnacionales ;
así como, demandar al
Gobierno peruano por el incumplimiento
de los siguientes tratados internacionales :
Convenio 169 OIT, Convenio
sobre la Diversidad Biológica Articulo
8 J, y Pacto de San José sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”.
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