CETRI
Venezuela, antes del proceso bolivariano, se caracterizaba por ser una sociedad con un débil tejido social como consecuencia fundamentalmente de la fuerte presencia de un Estado que controlaba y distribuía la renta petrolera, y el peso opresivo de los partidos políticos que monopolizaban las principales vías de canalización de las aspiraciones y demandas de la sociedad. Esta extendida presencia o control partidista se daba no solo en las organizaciones sindicales, campesinas y gremiales, sino igualmente en las organizaciones estudiantiles, vecinales, culturales y de mujeres. Era limitada la existencia de organizaciones sociales autónomas fuera de esta red Estado/partidos.
Desde comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, esta sociedad vivió una larga y profunda crisis tanto económica como política, consecuencia del agotamiento del rentismo petrolero y su Estado clientelar. Los dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI, se venían distanciando de sus anteriores bases de apoyo convirtiéndose en maquinarias electorales cada vez más corruptas. Se fueron dando sostenidos desplazamientos de lo que habían sido hasta el momento los imaginarios políticos socialdemócratas hegemónicos, con la emergencia de una fuerte ofensiva ideológica del liberalismo anti-estatista y de la anti-política que en forma creciente excluía a los sectores populares, incluso del discurso político. Estas tendencias tienen un punto de inflexión al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989), cuando se anuncia la aplicación del paquete de políticas de ajuste estructural del Consenso de Washington, medidas exigidas por el FMI para que el país pudiese obtener nuevos préstamos, en condiciones de severos problemas presupuestarios y dificultades para el pago de la deuda externa. El 27 de febrero de ese año se inicia el Caracazo : saqueos y protestas populares masivas de varios días en los principales centros urbanos, con dimensiones desconocidas en la historia anterior del país. El gobierno responde con una brutal represión que produce por lo menos centenares de muertos. El resultado fue el quiebre definitivo de toda ilusión de legitimidad del sistema político. Se extendió el malestar popular y una profunda alienación con relación al régimen existente, malestar que se expresaba en múltiples formas de protesta, pero que carecía de expresiones orgánicas capaces de construir alternativas.
Hugo Chávez, con su extraordinario liderazgo carismático y capacidad pedagógica, logra darle expresión y sentido de dirección a ese extendido descontento. Al ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales del año 1998, e impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, da inicio a un nuevo momento de la historia del país que tiene como uno de sus ejes conductores la idea de la democracia participativa y protagónica. Paralelamente, se profundiza la dependencia del petróleo y, en la medida en que la renta petrolera fue asumida como la herramienta para el impulso de los cambios deseados, el control centralizado de ésta por parte del Poder Ejecutivo se fue reforzando.
En los primeros años del gobierno bolivariano se produjeron extraordinarios niveles de politización, significativas transformaciones en la cultura política popular, en el tejido social y organizativo del mundo subalterno, así como en las condiciones materiales de vida de los sectores sociales anteriormente excluidos. Se generaron en forma expansiva sentidos de dignidad e inclusión y de capacidad de incidir tanto sobre la vida propia como sobre el destino del país, y se dieron amplias y vigorosas dinámicas organizativas y participativas en el mundo popular. Entre éstas fueron particularmente ricas en términos de sus dimensiones democratizadoras las Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua, Comités de Salud, Comités de Tierras Urbanas y una amplia variedad de Radios Comunitarias. Posteriormente se crearon Bancos Comunales, Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, Mesas Técnicas de Energía, Consejos Comunales y Comunas.
Esta dinámica organizativa fue el resultado tanto de los desplazamientos políticos e ideológicos que ocurrían en el país, como de políticas públicas expresamente orientadas a promoverla.
En los primeros años del proceso bolivariano estas dinámicas organizativas presentaron una amplia diversidad y múltiples modalidades de experimentación, muchos de éstos impulsados por el Estado, pero no por ello controlados por éste.
La expresión más vigorosa de las profundas transformaciones de la conciencia colectiva que se venían dando en el mundo popular fue la masiva capacidad de movilización y articulación, fundamentalmente espontánea, que logro revertir el golpe de Estado contra Chávez en abril del año 2002 y derrotar el paro petrolero/lock-out empresarial que prácticamente paralizó al país durante más de dos meses entre los años 2002-2003.
Con el paso del tiempo, el gobierno fue buscando darle mayor institucionalidad y coherencia a esta compleja dinámica organizativa popular. Esto se dio mediante la creación de instituciones y políticas públicas orientadas expresamente tanto al impulso y financiamiento de las organizaciones populares de base como a su regulación, especialmente con relación a los Consejos Comunales y las Comunas, que pasaron a ser entendidos como los ejes medulares del poder popular y de las estructuras organizativas que con el tiempo fuesen desplazando a las estructuras del Estado heredado, para ir construyendo lo que se denominó como el Estado Comunal. Los Consejos Comunales fueron concebidos como la estructura organizativa que articularía y coordinaría las diferentes actividades que se realizaban en cada comunidad. Es el mecanismo mediante el cual los vecinos, constituidos en Asamblea de Ciudadanos, se asumen como gobierno local del espacio, del territorio que ocupan. Diagnostican las principales carencias y problemas de la comunidad y elaboraran los proyectos considerados como prioritarios a ser financiados por los organismos del Estado. Estos proyectos, en la medida de lo posible, debían ser gestionados por la propia comunidad. Las Comunas amplían la cobertura territorial incorporando un número variable de Consejos Comunales. Son concebidas « como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia. » (Ley Orgánica de las Comunas)
Las políticas de impulso estatal de los Consejos Comunales y las Comunas produjeron consecuencias contradictorias. Por un lado hicieron posible niveles de organización y participación popular desconocidos en la historia del país y se transfirieron enormes cantidades de recursos a comunidades para abordar la solución de sus problemas : vialidad, vivienda, algunas actividades productivas, etc., contribuyendo igualmente al fortalecimiento del tejido social comunitario. Sin embargo, como resultado de la reafirmación de la histórica lógica estatista centralizadora de la economía petrolera rentista, en la medida en que estas organizaciones populares se hicieron dependientes de transferencias de recursos del Estado, se fueron dando fuertes tensiones entre las aspiraciones de muchas comunidades y colectivos por profundizar la autonomía y formas de autogobierno, y por otro lado, las lógicas verticales que concebían como necesario el control y dirección de estas modalidades organizativas desde las instituciones del Estado. Las formas como se dieron estas tensiones variaron extraordinariamente dependiendo, entre otras cosas, de las experiencias políticas previas de las diferentes comunidades en cuestión y las concepciones políticas más o menos verticalistas o leninistas de los funcionarios públicos y activistas partidistas que participaban en el impulso de estos procesos. Esto tuvo extraordinarias variaciones, pero en términos generales contribuyó a limitar las posibilidades de consolidación y autonomía de estas modalidades comunitarias de base como alternativa a la estructura del Estado. Adicionalmente, la corrupción asociada a las pugnas por el reparto de la renta llegó por esta vía también a la base de la sociedad.
Estas tensiones entre autonomía y control vertical desde el Estado se acentúan a partir de la declaración de Chávez sobre el carácter socialista de la revolución bolivariana. Se profundiza no solo el control vertical desde el Estado, sino que se va reduciendo la rica pluralidad de formas organizativas existentes para transformarlas en modalidades cada vez más estandarizadas. En los años siguientes, se van dando pasos acelerados en la creación de un amplio piso jurídico, y una estructura institucional bien financiada, orientada al impulso sistemático de los organismos del poder popular, pero igualmente dirigida a su regulación y control. Los Consejos Comunales, que inicialmente se concibieron como organizaciones del pueblo para controlar al gobierno, se convirtieron así, en organizaciones del gobierno para controlar al pueblo. En el año 2009 se crea el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, que se convierte en Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales en el año 2013. En lo relativo al desarrollo jurídico destacan las siguientes normas : Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y Ley de Financiamiento del Poder Popular. Este andamiaje jurídico va estableciendo normas y regulaciones cada vez más detalladas sobre el funcionamiento de los organismos del denominado poder popular e insertando, al interior de éstas, estructuras partidistas del PSUV. Desde esta lógica Estado-céntrica se va extendiendo la regulación estatal sobre cada vez más ámbitos de la sociedad. De esta manera, se va consolidando la primacía de la mirada normalizadora desde el Estado sobre la fructífera multiplicidad de la experimentación social que caracterizó a los primeros años del proceso bolivariano.
El ejemplo más extremo de la imposición de esta lógica normalizadora desde el Estado ha sido la creación de los Consejos Comunales Indígenas, violentando de esa manera las formas organizativas propias de estos pueblos, lo que ha contribuido a debilitar sus organizaciones y generado profundas divisiones internas.
A pesar de los millones de personas involucradas muy activamente en estos procesos organizativos y de sus elevados niveles de politización, el tejido solidario de la sociedad, dada su dependencia de los recursos del Estado, terminó teniendo mucha fragilidad. En un proceso político que reivindicó durante años los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base extendidas por todo el país, la respuesta ante la profunda crisis económica que se inicia en el año 2013 no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo con relación a sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, con la crisis, entran en dinámicas regresivas. En estos años se ha producido un severo proceso de erosión del tejido social solidario y los valores éticos que caracterizaron al período anterior. Buena parte de las organizaciones sociales de base surgidas durante estos años se han debilitado, tanto por la carencia de los recursos estatales de los cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Como caso extremo, algunos de los llamados colectivos en Caracas, que habían surgido como grupos en defensa del proceso bolivariano, operan como fuerzas de choque en defensa del gobierno o se han convertido directamente en grupos armados delincuenciales que controlan territorios y están involucrados en el tráfico de drogas y alimentos.
Otras organizaciones populares debaten sobre cómo continuar operando en este nuevo contexto. Queda abierta la pregunta de cómo resistirán en el tiempo estas experiencias político/organizativas del mundo popular venezolano ante la profunda crisis que enfrenta el gobierno de Maduro. A pesar de las dificultades y obstáculos actuales, muchas experiencias de base que se han nutrido de la politización y activismo que ha atravesado a la sociedad venezolana en estos años continúan llevando a cabo procesos comunitarios de una extraordinaria riqueza y autonomía. Son, en este sentido, ejemplos vivientes de lo posible hoy en el campo popular.
Después de casi dos décadas del proceso bolivariano, la organización social popular autónoma más importante del país sigue siendo la red de cooperativas, Organismo de Integración Cooperativa CECOSESOLA, que tiene como centro de operaciones la ciudad de Barquisimeto. Se trata de una amplia red de cooperativas de ahorro, producción agrícola, servicios de salud y funerarios, y muy especialmente de distribución de alimentos, que articulan a productores y consumidores. Involucra a decenas de miles de personas como socios o beneficiarios. A lo largo de sus cinco décadas de vida, con continuados procesos de reflexión, debate y experimentación, han logrado modalidades de organización y gestión genuinamente horizontales y democráticas con una muy limitada división del trabajo. Los afiliados participan en la más amplia gama de responsabilidades, todas las decisiones son tomadas en asamblea.
Como resultado tanto de la polarización política como de políticas gubernamentales, algunas de las organizaciones que existían antes del proceso bolivariano, de mujeres, sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos ambientales, se han dividido o se han debilitado en estos años. En Venezuela se había dado una confluencia entre mujeres de un amplio espectro político partidista en la lucha por asuntos críticos tales como la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. En los años del proceso bolivariano se ha dado prioridad a la lealtad político partidista sobre esta agenda. Ha habido conquistas importantes con relación a asuntos críticos como la paridad de género y normas en torno a la violencia contra las mujeres, pero las divisiones político-partidistas han limitado la capacidad para actuar conjuntamente en torno a demandas compartidas.
A pesar de permanentes referencias genéricas a « los trabajadores » en el discurso bolivariano, ni los trabajadores ni los sindicatos han desempeñado un papel central en los procesos de organización popular de estos años. Esto es consecuencia del hecho de que el proceso bolivariano se ha caracterizado más por sus políticas distributivas que por transformaciones productivas. Ha tenido clara preponderancia la organización de carácter territorial, tanto urbano como rural, sobre las organizaciones en centros de trabajo.
El movimiento sindical, históricamente dividido en líneas político-partidistas, se encuentra hoy debilitado y más polarizado que nunca y ha jugado un papel bastante marginal en las confrontaciones sociales y políticas de estos años. Existe hoy en el país una pluralidad de débiles federaciones sindicales tanto identificadas con el gobierno como con la oposición. El Gobierno le ha dado prioridad a los aumentos salariales por decreto presidencial sobre las negociaciones colectivas, lo que ha contribuido al debilitamiento de estas organizaciones. Igualmente, ha sido poco tolerante con organizaciones sindicales que pretendan actuar con autonomía en relación con las políticas del Gobierno, incluso aquellas claramente identificadas como de izquierda. Es de destacar en este sentido la suspensión indefinida de las elecciones de uno de los sindicatos más importantes del país, el de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero de 2016, porque los partidarios del Gobierno tenían pocas posibilidades de ganarlas. Además de su debilitamiento generalizado, algunos sindicatos, particularmente en las ramas de la construcción y la minería, han pasado a operar más como mafias armadas, que como organizaciones en defensa de los intereses de los trabajadores.
El movimiento estudiantil universitario ha estado muy activo y políticamente muy dividido en estos años. Mientras que los estudiantes de las universidades públicas no autónomas han, en lo fundamental, respaldado al gobierno, los estudiantes de las universidades privadas y de las universidades públicas autónomas tradicionales han jugado un papel protagónico en las masivas protestas anti-gubernamentales.
El movimiento ambiental tiene hoy una significación especial por el decreto del Presidente Maduro sobre el llamado Arco Minero del Orinoco, que abre el 12% del territorio a corporaciones mineras transnacionales amenazando la existencia de más de una docena de pueblos indígenas, las cuencas de los principales ríos, así como la biodiversidad del país. La Plataforma Ciudadana Contra el Arco Minero del Orinoco se ha constituido en una red de alcance nacional.
Ante la pérdida de apoyo, han operado en el gobierno tendencias crecientemente autoritarias, a la vez aumentan la injerencia y las amenazas de la derecha internacional y del gobierno de los Estados Unidos en un clima de Guerra Fría. Se han producido masivas y continuas movilizaciones contra el gobierno de Maduro, inicialmente de sectores medios urbanos, pero a las cuales se han ido incorporando progresivamente parte de los sectores populares que habían sido la principal base de apoyo del gobierno bolivariano en los años anteriores. A las marchas de la oposición, el gobierno ha respondido con contramarchas de apoyo al gobierno y con una represión generalizada que ha tenido como resultado muertos, heridos y personas detenidas. Se han produciendo saqueos de comercios en varias ciudades del país. Hay sectores extremos en los dos bandos que buscan expresamente salidas violentas a la crisis. Operan de los dos lados grupos paramilitares. El país se acerca peligrosamente a una escalada generalizada de violencia de consecuencias imprevisibles...