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Uruguay

La minería en el centro de la protesta social

A mediados de febrero de 2010, dos semanas antes de asumir la presidencia, José Mujica almorzó en un lujoso hotel de Punta del Este con 1.500 empresarios, sobre todo argentinos, pero también brasileños, estadounidenses y europeos. Lo más destacado fue el clima, la enorme sintonía entre el presidente tupamaro y los empresarios. Los argentinos, que no ahorran criticas contra el gobierno de Cristina Kirchner, se deshicieron en elogios al gobierno uruguayo. Gustavo Grobocopatel, dueño de uno de los mayores pools de siembra de soja, dijo tener “expectativas muy positivas con relación a Mujica”. Juan Carlos López Mena, uno de los hombres más poderosos del Río de la Plata y presidente de la Cámara de Comercio argentino-uruguaya, dijo estar “incondicionalmente al servicio del gobierno, y aseguró que “Uruguay se está transformando en el país casi ideal” para los empresarios. “Da envidia”, dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina(1).

Hemos ingresado en el séptimo año de gobierno progresista del Frente Amplio, se han producido algunos cambios en los sistemas de salud e impositivo y existen muchas continuidades, entre ellas la política de derechos humanos que sigue avalando las leyes de impunidad para sorpresa e indignación de buena parte de los militantes de izquierda. En los primeros meses de 2011 se produjo un amplio debate ya que el Frente Amplio llevó al Parlamento una propuesta para anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que en 1986 consagró la impunidad de los militares que violaron los derechos humanos. Mujica pidió que la ley no fuera votada y tuvo el gesto de ir a visitar a la cárcel a un militar acusado de asesinar a una joven comunista cuando estaba detenida en 1974.

No es sencillo comprender, a la luz de las continuidades con las políticas económicas neoliberales, las razones por las cuales los movimientos sociales siguen tan desmovilizados y tienen tan poca capacidad de respuesta a las políticas estatales.

En efecto, la protesta social es mínima y los movimientos tienen escasa capacidad de convocatoria. Sólo el movimiento de derechos humanos mantuvo su tradicional movilización anual del 20 de mayo, pero no existe ninguna otra actividad importante incluso en ese terreno. El movimiento sindical está focalizado en los aumentos de salarios y aunque ha conseguido incrementar su afiliación al surgir nuevos sindicatos en sectores de servicios mal remunerados, su capacidad de interpelar las políticas de Estado sigue siendo muy baja.

Por un lado, la situación económica es relativamente positiva para los sectores populares ya que los ingresos de las familias vienen creciendo en términos reales. Sin embargo, aunque la economía de los más pobres ha mejorado en los últimos siete años, la desigualdad se mantiene en términos similares a los de la última década y es muy superior a la que se registraba veinte años atrás cuando comenzó el período neoliberal. Por otro lado, existe una fuerte ofensiva cultural, policial y política contra los barrios más pobres por la cuestión de la seguridad ciudadana, que el gobierno atribuye a la droga y en particular a la pasta base.

Personas provenientes del mundo académico y de las ONGs que combaten la pobreza, como el sociólogo Gustavo Leal, director del Sistema Nacional de Emergencia, proponen “prohibir la mendicidad” para que el Estado recupere el control de los espacios públicos(2). El razonamiento sugiere que existen políticas públicas para ayudar a los más pobres y por lo tanto no hay ningún argumento que justifique la mendicidad o que haya personas vivendo en la calle. Dicho de otro modo: quien no se conforme con las políticas sociales, deberá vérselas con el aparato represivo del Estado, devenido ahora en “Estado penal”.

Si estos argumentos resultan sorprendentes en un gobierno de izquierda, más extraño es que el ministerio del Interior, dirigido por un ex preso político tupamaro, realice casi todas las semanas operativos policiales de “saturación” en los barrios más pobres para detener pequeños traficantes y consumidores de drogas y delincuentes. Se rodea el barrio con un amplio despliegue que incluye helicópteros, cientos de efectivos armados que recorren todas las calles e ingresan en las viviendas siguiendo el modelo brasileño de ocupación de las favelas.

La política de “mano dura” no ha dado hasta ahora resultados contundentes pero sirve para tranquilizar a las clases medias que se están movilizando para reducir la edad penal a los 16 años. El relator especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Rodrigo Escobar Gil, denunció en julio de 2011 “condiciones infrahumanas” en las cárceles uruguayas y maltratos por parte de la guardias penitenciaras a la población reclusa(3). Dos años atrás el relator especial de las Naciones Unidas para la Tortura había redactado un informe similar.

La ofensiva cultural contra la pobreza rinde sus frutos. Una encuesta realizada en 2007 mostró que el 37 por ciento de los uruguayos lo que menos quiere es tener un vecino pobre. Entre los habitantes de los once barrios más ricos de Montevideo, el porcentaje de rechazo al pobre trepa al 49 por ciento. El 63 por ciento cree que hay “demasiada asistencia social a los pobres y se acostumbran a no trabajar”; el 43 por ciento cree que “los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente”, en una ciudad donde más del 55% votan a la izquierda(4).

Tierra, vivienda y salario

En el terreno económico, más que de continuidades habría que hablar de retrocesos. Algunos datos muestran cambios regresivos en la propiedad de la tierra. La estadounidense Weyerhauser es propietaria de 140 mil hectáreas en la región norte. Forestal Oriental, finlandesa, tiene 200 mil hectáreas en Río Negro. Forestal Tekoayhu, un fondo de inversionistas internacionales, tiene 50 mil hectáreas en la región sureste. Montes del Plata, de capitales chilenos, suecos y finlandeses, ligada a las papeleras Arauco y Stora Enso, es la mayor terrateniente con 234 mil hectáreas, la mayor parte forestadas, en el litoral y centro del país. Las argentinas Agronegocios del Plata y El Tejar tienen 100 y 130 mil hectáreas respectivamente con soja y diversos cultivos.

Entre 2000 y 2010 las multinacionales compraron alrededor de dos millones de hectáreas. Se trata de casi el 15% de la superficie agrícola del país. En ese mismo lapso el precio de la tierra pasó de 500 a 3.000 dólares la hectárea(5). Quiere decir que el precio de la tierra, que se mantuvo estable durante medio siglo, en muy pocos años se multiplicó por seis. Se trata de un proceso especulativo intenso que va de la mano de la concentración y extranjerización de la tierra.

En cuanto a la industria, los principales frigoríficos y la cadena de la producción, comercialización y exportación del arroz han sido comprados por empresarios brasileños. Los brasileños controlan el 36% de la faena de ganado, la empresa Camil de Rio Grande do Sul domina la mitad de la zafra de arroz, la Ambev posee las tres principales cervecerías uruguayas y Petrobras controla el 21% de la venta de combustible y el gas por cañería(6). Uruguay se ha convertido en uno de los destinos preferidos del capital.

En el polo opuesto, los ingresos de los trabajadores mejoraron pero de modo muy insuficiente. Durante el primer gobierno del Frente Amplio se registró una recuperación del salario real de alrededor del 25% y un aumento aún mayor del salario mínimo. Aunque el desempleo está en sus mínimos en décadas y la precariedad laboral ha disminuido, las remuneraciones siguen siendo muy bajas. El instituto de estudios de la central sindical PIT-CNT informó que el 52,6% de las personas ocupadas tiene un ingreso mensual menor a los 10 mil pesos por mes (350 euros)(7). El gran problema para los asalariados es que el aumento de los precios, aún siendo moderado, recorta sus ingresos.

Ante este panorama, no existen políticas estatales destinadas a controlar la propiedad de la tierra por parte de extranjeros, como ha hecho Brasil, ni se aplican impuestos a los monocultivos como sucede en Argentina. De alguna manera Uruguay sigue siendo un paraíso para los capitales especulativos.

Durante la administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) se enfatizó en los planes sociales hacia los pobres con transferencias monetarias y políticas focalizadas. El gobierno de Mujica quiere que su programa estrella sea un plan de vivienda que construya 50 mil casas para los sectores populares. Dieciocho meses después el Plan Juntos aún no ha despegado con fuerza y se limita a intervenciones puntuales en los barrios irregulares.

La minería en el centro de la movilización social

Por primera vez en su historia, Uruguay se está convirtiendo en un país minero, y esa situación está generando oposición y cierta movilización social. Más aún: es el principal terreno en disputa entre los movimientos y el gobierno de Mujica. Desde que se comenzó a difundir la existencia d eun megaproyecto minero para la extracción y exportación de hierro, sectdores de la sociedad civil comenzaron a movilizarse en base a la amplia difusión que tienen en este continente las explotaciones mineras y sus devastadores efectos ambiéntales y sociales.

El proyecto minero de la multinacional india Zamin Ferrous, llamado Aratirí, tiene tres partes: la zona de explotación, el mineroducto de unos 220 kilómetros hasta la costa de Rocha y la terminal de carga que incluye un puerto de aguas profundas por el cual se exportará el mineral en bruto con destino a Asia. Zamin tiene siete proyectos en Sudamérica, cinco de ellos en Brasil, uno en Perú y otro en Uruguay, y espera producir en todo el continente unos 50 millones de toneladas de mineral de hierro para 2013. La empresa se instaló en una zona rural del centro del país donde abundan los pequeños productores ganaderos y existen algunos pueblos relativamente aislados. La inversión prevista es de 3.000 millones de dólares, la mayor que nunca recibió el país que representa delorden del 8% del PIB.

El rechazo a la minera parte de tres sectores diferentes. Los productores rurales, cuyos campos están siendo afectados por las tares de prospección, comenzaron a organizarse y realizaron una amplia campaña de difusión y varias marchas. Se trata de un sector sin tradición de acción social pero con amplia legitimidad, ya que además de ser propietarios de sus tierras y productores que se verán afectados por un emprendimiento que supera las 100 mil hectáreas, apelan en sus acciones a las tradiciones del país. Las marchas son a caballo y la indumentaria es la tradicional del hombre del campo, el gaucho, que usa poncho, bombachas (pantalones) y las diversas herramientas para el trabajo con ganado. Cuenta con el apoyo del Partido Nacional, fuerza política de centro derecha en la oposición al gobierno del Frente Amplio con gran inserción en las zonas rurales.

El segundo sector que se movilizó son vecinos que viven en la costa, que se verán afectados por la construcción del puerto. Se trata de una zona turística donde veranean las clases medias que observan con preocupación una iniciativa que puede provocar contaminación y trastocar el turismo en la zona.

El tercer sector que se moviliza contra la minera son los ambientalistas y sectores de la izquierda radical que ya se movilizaron contra la fábrica de celulosa de Botnia y sufrieron una contundente derrota. Esta vez el conflicto es bien diferente. Por un lado, quines se oponen conforman un abanico social mucho más amplio que en el pasado, cuentan con cierto respaldo sindical y de políticos que no son de izquierda. Además el debate no se centró en cuestiones ambientales sino económicas. La minera Aratirí se lleva el 91% del precio del mineral, deja 4% a los propietarios de tierras y un 5% al Estado en concepto de impuestos. Es evidente que las ganancias serán enormes y que el Estado uruguayo sólo se beneficiará con un porcentaje marginal. De ahí que hayan surgido voces que promueven o bien un importante aumentos de los impuestos o bien la nacionalización de un proyecto tan rentable. Algunos incluso apuestan a que se procese parte del hierro en el país instalando una industria siderúrgica que generaría puestos de trabajo calificados.

Mujica trasmitió al consejo de ministros su deseo de que Aratirí se convierta en una “causa nacional” como lo fue Botnia durante el gobierno de Vázquez(8). Pero el escenario político uruguayo se presenta ahora muy distinto, como lo demuestra la triple interpelación parlamentaria a los ministros de Industria, Medio Ambiente y Turismo impulsada por el Partido Nacional a mediados de julio. En el parlamento se debatió abiertamente que el proyecto contaminará el medio ambiente, causará daño en los pulmones por la diseminación aérea del mineral de hierro triturado y no será compatible con la producción agrícola ganadera. Al proyecto no sólo se oponen los partidos tradicionales de centro y derecha, sino también el Partido Comunista, perteneciente al Frente Amplio.

Pero la diferencia fundamental es que el conflicto en torno a la papelera Botnia avivó el sentimiento nacionalista frente al corte del puente internacional realizado por los piqueteros argentinos en Gualeguaychú. Para muchos uruguayos la oposición argentina fue vivida como agresión de un país vecino y eso llevó a que tanto partidos políticos como medios de comunicación y la opinión pública se alinearan con el gobierno.

Los productores de la zona centro del país y de la costa formaron el “Movimiento para un Uruguay sustentable” para enfrentar este emprendimiento minero. El movimiento realizó su primera marcha en “Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales” el 13 de mayo y logró reunir varios miles de personas, pero tuvo un impacto en los medios. A comienzos de agosto, días antes de la segunda movilización, la minera hizo temblar el tablero político al anunciar el posible “enfriamiento” de la inversión. Aunque se estima que es una maniobra para forzar concesiones del Estado, es también una pequeña victoria de un movimiento incipiente, el único que cuestiona de modo frontal el núcleo de la política oficial sobre las inversiones extranjeras.

Más allá de lo que suceda con la minería en Uruguay, el movimiento social obtuvo una victoria inestimable: todo el país conoce que existe un emprendimiento minero, el debate está en la calle y nada de lo que suceda pasará sin un serio cuestionamiento social.

Raúl Zibechi
Montevideo, agosto de 2011

Notas

(1) Raúl Zibechi, “Uruguay (y Argentina) en la estrategia imperial”, La Jornada, 12 de febrero de 2010.

(2) Brecha, 15 de abril de 2011.

(3) AFP, Montevideo, 8 de julio de 2011.

(4) Brecha, 27 de noviembre de 2009.

(5) Diego Piñeiro, “Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina. El caso de Uruguay”, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo, 2011.

(6) Valor, 25 de julio de 2011.

(7) La República, 2 de agosto de 2011.

(8) El Observador, 1 de agosto de 2011.


Las opiniones y conslusiones expresadas en el siguiente artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición del CETRI.