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Ecuador

En lo que el poder se rompa. El peso del 28.

Este artículo es una versión modificada de « Las antinomias de la revolución ciudadana », Le Monde diplomatique, septiembre 2008.

Como en el resto de la región y del globo, el Ecuador sufre desde fines del 2007 un acelerado proceso
inflacionario en los principales servicios y productos de la canasta básica. Además de la crisis financiera
internacional y otros factores externos, en el país la inflación ha estado asociada a los efectos de las
torrenciales lluvias e inundaciones en los seis primeros meses del 2008 en la región litoral. La destrucción
del sistema vial y la pérdida de extensos cultivos impactaron, sobre todo, en la oferta de ciertos productos
básicos y en el nivel de vida de los campesinos de la zona costera. El Gobierno Nacional debió efectuar
varias declaratorias de emergencia para enfrentar la catástrofe humanitaria y vial, y medidas de política
económica tendientes a controlar el incremento de los precios de la canasta básica.

Aún así, y en medio del pertinaz ataque de los principales medios de comunicación a la gestión
gubernamental –tanto a su política de expansión del gasto público como al estilo confrontacional del
régimen- el presidente Rafael Correa ha mantenido tasas de popularidad y de respaldo a su gestión que
superan al 60%. Desde el retorno democrático en 1979, ningún presidente ecuatoriano había logrado
retener durante tanto tiempo (19 meses) tan altos niveles de credibilidad entre la población. Ello resulta
aún más sorprendente si se considera que Correa llegó al ballotage, en septiembre 2006, en segundo
lugar con tan solo el 23% de los votos. Su triunfo, contra el multimillonario bananero Álvaro Noboa,
catapultó al joven economista guayaquileño, que se autocalifica como de izquierda-cristiana, y a su
flamante movimiento Alianza País (AP) al ejercicio del poder para el ciclo 2007-2011.

En los seis primeros meses de gobierno, Correa puso todo su empeño en el cumplimiento inmediato de
sus principales ofertas de campaña. Rompió con el canon de la política económica ortodoxa de los años
‘90 y relanzó al Estado al primer plano en la planificación del desarrollo nacional, la regulación de la
economía y las finanzas y la redistribución de la riqueza. Incrementó la inversión pública en el campo
social (duplicó el bono de la pobreza e incrementó el de la vivienda) y abrió nuevas líneas de crédito para
medianos y pequeños productores. Realineó la política exterior del país e inscribió al Ecuador en el
concierto de países sudamericanos que han tomado distancia con la Casa Blanca y se han acercado al
eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires. Tal agenda prefiguraba la reconstrucción de un proyecto nacional,
apuntalado por una potente retórica ‘soberanista’ y ‘anti-elitaria’, luego de un largo ciclo en que la clase
política se había des-nacionalizado mientras el desmantelamiento del Estado dejaba vía libre a la
colonización privada de los intereses públicos.

Fue en este marco, que se lanzó la iniciativa del Plan Ecuador como una estrategia de cooperación y
desarrollo en la frontera norte del país, para contrabalancear al Plan Colombia del presidente Álvaro
Uribe. El activismo diplomático de Correa se ha concretado en el acercamiento de Ecuador a Irán y
China, y ha fortalecido su implicación en la integración regional mediante iniciativas como la Unión de
Naciones Sudamericanas, el Banco del Sur y, más recientemente, el Consejo de Defensa Sudamericano.
Por último, y tal vez lo más significativo en el vigente momento político, convocó a una consulta popular en abril del 2007 para que la ciudadanía se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente que produzca una nueva carta magna para el país. Ocho de cada diez ecuatorianos
respondieron favorablemente a tal pregunta. Días atrás, esta Asamblea entregó la nueva Carta Magna.

Una estrategia anti-sistémica

La riesgosa decisión de AP de no presentar candidatos para el Congreso Nacional, en las elecciones de
septiembre-2006, delineó la identidad política originaria del movimiento y prefiguró la estrategia de
cambio político radical que Correa conduce desde su arribo al Palacio de Carondelet. Tal opción no sólo
expresaba su voluntad de sintonizar con un electorado abiertamente hostil al mundo de los partidos, sino
que definía un rasgo estructural del proyecto político correísta : su marcado carácter anti-sistémico. Dicha
identidad de base explica, en gran medida, su fulgurante éxito político ; pero ha determinado un conjunto
de ambivalentes efectos en el curso de su acción, a la vez, como fuerza gobernante y como actor
mayoritario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que funcionó entre noviembre 2007 y julio
2008.

La distorsión de la representación política, inflada por la decisión de AP de abstenerse de presentar
candidatos al Parlamento, era un ‘dato duro’ que favorecía la legitimidad de la estrategia presidencial de
convocar a una Constituyente de plenos poderes y de demandar el cese de funciones del Congreso. En
el que eran mayoritarios los partidos tradicionales –favorecidos por la abstención de AP- mientras que las
fuerzas de izquierda, aliadas al Ejecutivo, eran una pequeña minoría.

Acosado por los fantasmas de derrocamientos presidenciales de la historia reciente, el escenario de
gobernabilidad para Correa lucía entonces sombrío : era el único presidente de la historia moderna de la
democracia ecuatoriana que no sólo ganaba sin sostenerse en partido político alguno, sino que
empezaba a gobernar sin ninguna representación política en el Congreso. El robusto apoyo popular a la
figura presidencial aparecía como el único punto de apoyo del nuevo gobierno. Este enfrentó al
establishment político-parlamentario con un discurso refundacional, ya visible desde el derrocamiento al
Presidente L. Gutiérrez en abril 2005, y que ha sido progresivamente legitimado en las urnas.

Sin partido político, ni soportes propios dentro de las instituciones, la dinámica de confrontación política
giró rápidamente en torno al carismático líder. La renuencia de la derecha parlamentaria a aceptar la
convocatoria a la Asamblea Constituyente, supuso una declaratoria de guerra abierta a un presidente sin
ninguna disposición para pactar con una clase política a la que considera fiel representante de las clases
altas (‘los pelucones’) y de los intereses oligárquicos del país. Si una convención constituyente con plenos
poderes era para Correa, el espacio ideal para viabilizar un proyecto radical de cambio y para
recomponer las relaciones de fuerza en el nivel institucional ; para los partidos políticos tradicionales,
suponía una casi segura desaparición del campo político nacional. No se equivocaron.

La nueva constelación de ideas dominantes ponía por delante de toda contradicción política, la oposición
entre “partidos perversos” y “ciudadanos virtuosos”. Se trata de un sólido bloque de representaciones y
discursos sociales, cuya formación antecedió al arribo al poder de Correa ; que legitimaron en todo
momento el ataque presidencial sin tregua a los partidos y al mismo Congreso Nacional, al punto de
propiciar, sin estricto apego a derecho, la destitución de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la
convocatoria a consulta popular. Así, lo que en septiembre de 2006 aparecía como una mera estrategia
electoral, se decantaba en el primer trimestre del 2007 como la punta de lanza de una elaborada
estrategia de desmantelamiento y recomposición del orden institucional.

El descalabro institucional del Ecuador había empezado, sin embargo, diez años atrás con los sucesivos
enfrentamientos entre las elites económicas y diversos sectores políticos, por la orientación de la agenda
neoliberal. El juicio político planteado en 1996 por el ex Presidente León Febres Cordero a su antiguo coideario,
y en ese entonces Vicepresidente de la República, Alberto Dahik, fue la punta del iceberg de
innumerables contiendas políticas y disputas de intereses entre facciones dominantes. Tras el aparente
consenso ‘modernizador’, en efecto, el reordenamiento neoliberal no consiguió desactivar, y más bien
estimuló, fuertes disputas por las orientaciones y el control de segmentos estratégicos del Estado entre
fracciones dominantes que, a pesar de un discurso anti-estatista, han visto en él un factor determinante
para activar determinadas dinámicas de acumulación en su favor. Así, incluso si la derecha ganaba
elecciones y lograba controlar largamente los espacios de representación política del país -dominó la
arena legislativa desde inicios de los 90- no conseguía mínimos niveles de acuerdo político, entre los
estratos y capas a los que representaba, para instaurar formas estables y coherentes de gobierno con
capacidad de irradiar y ser reconocidas por el resto de la sociedad. Dicha atrofia hegemónica –para usar
la expresión del sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado- exacerbó la turbulencia del campo político y
minó la legitimidad del orden democrático.

Las disputas facciosas se repitieron a lo largo de los tres derrocamientos presidenciales (1997, 2000,
2005) y de los diversos entrampamientos institucionales que vivió el país hasta el año 2007. La
conflictividad intra-elitaria abrió el marco de oportunidades para el protagonismo, ‘desde abajo’, de
diversos grupos, gremios, partidos y movimientos sociales opuestos al proceso de modernización liberal
de la economía. El éxito político de la CONAIE en las negociaciones sobre la ley agraria (1994), el
progresivo contagio de sus repertorios de lucha hacia otros conflictos sociales, y la recurrencia y
‘masividad’ de sus acciones de protesta, convirtieron al movimiento indígena en el eje de la reactivación
política del campo popular, y en un vector para la recomposición y el re-alineamiento de las fuerzas de
izquierda. El rechazo a la agenda neoliberal se había constituido, para mediados de los 90, en el nudo
articulador de sus iniciativas colectivas, de sus discursos políticos y de sus intentos de amplificar la
protesta social hacia otras capas sociales.

El gobierno de la Revolución Ciudadana –como se denomina oficialmente al proceso en curso- embistió
enérgicamente contra unas elites previamente debilitadas. La banca, los medios de comunicación y,
sobre todo, los grupos de poder económico de Guayaquil –en la figura de su Alcalde y máximo exponente
de la demanda autonómica de esta región costeña, Jaime Nebot- se convirtieron en el blanco de los
continuos ataques presidenciales. Su confrontación permanente con los partidos políticos y con los
llamados poderes fácticos, le ha valido más de una crítica en la opinión pública por la escasa vocación
para el diálogo, pero ha redundado en altos réditos entre sectores medios, subalternos y plebeyos que
ven en tal estilo de conducción, una señal de efectiva ruptura con el pasado. De algún modo, ello ha
recuperado el valor y la confianza social en las palabras de la política [1].

El éxito de la estrategia anti-sistémica de Correa se confirmó con el triunfo de AP en las elecciones para
la Constituyente. El oficialismo no sólo alcanzó 80 de los 130 curules en juego sino que, por primera vez
en los últimos 27 años de regímenes civiles, la distribución territorial del voto no reflejó las históricas
divisiones regionales del país (costa/sierra, Quito/Guayaquil). AP triunfó en esta última ciudad –donde
hace quince años el derechista Partido Social Cristiano ha controlado todos los resortes del poder local- y
prácticamente en todo el territorio nacional. Las fuerzas del centro y la derecha quedaban reducidas a su
mínima expresión y sin posibilidades de incidir en el debate constitucional. Correa se situaba en el centro
de la política nacional y parecía quebrar el dominio político que los bloques de poder asociados a intereses oligárquicos, privatistas y transnacionales, habían mantenido desde hace dos décadas y media
en el Ecuador.

Una coalición de facciones

Desde un inicio, los grandes medios de comunicación y la derecha partidaria -minoría política, mayoría
mediática- intentaron minar las bases de legitimidad de la Asamblea. Si en un primer momento
impugnaron sus plenos poderes y el cierre del Parlamento, posteriormente confrontaron su doble rol :
redactar la nueva Constitución y emitir mandatos en coordinación con el Poder Ejecutivo. A lo largo del
proceso condenaron, además, el “mayoritarismo” de AP y la excesiva intervención del círculo presidencial
en la toma de decisiones del bloque oficialista.

Lo cierto es, no obstante, que mantener la unidad y cohesión del bloque exigió un enorme esfuerzo a la
plana mayor de AP. En efecto, aunque un ideario de izquierdas predominó dentro de los asambleístas de
gobierno, no se trataba, de ningún modo, de una bancada homogénea. En ella han coexistido, no sin
tensiones, una serie de fracciones políticas que van desde la centroderecha, a una variedad de
expresiones de izquierda en que destacan ecologistas, vertientes cercanas al movimiento indígena, a
ciertos sindicatos, organizaciones de mujeres, al activismo de las ONG, a expresiones de las iglesias
progresistas (y no), a militancias tradicionales provenientes de viejos y nuevos partidos de izquierdas y a
ciudadanos ‘recién llegados’ a la política. Una parte del acumulado social de los 90 se expresaba, así,
dentro de AP y otra, menor, en las demás fuerzas progresistas que también alcanzaron representación en
la Asamblea (MPD, PK, socialismo). Correa aparecía como el cemento unificador de unas tendencias
que, en ocasiones anteriores, habían fracasado en sus intentos de acercamiento. La complejidad y
heterogeneidad del movimiento oficialista no ha sido bien comprendida por la opinión pública.

Aunque pueden ubicarse dentro de AP a antiguos miembros de los partidos del establishment, en su
mayoría los asambleístas expresan el recambio de la clase política ecuatoriana, empujado por el ascenso
de la ‘revolución ciudadana’ al poder. Entre los nuevos asambleístas no constan, sin embargo,
únicamente ciudadanos más o menos implicados en la vida pública del país sino, además, personajes de
la televisión y la farándula que ‘cayeron’ en la política para ampliar las opciones de triunfo de la fuerza
gobernante. En el complejo proceso de confección de las listas del oficialismo pesaron menos las
cuestiones programáticas e ideológicas que las de rentabilidad electoral. Todos los asambleístas, eso sí,
debían profesar y performar el profundo espíritu anti-partidista del proyecto gobernante. El enorme
pragmatismo del régimen nunca ha conseguido ser ocultado por los incendiados discursos de su líder.

Si la reforma tributaria –una de las políticas más coherentes y progresistas de entre las medidas
adoptadas por Correa- y la liquidación (al menos legal) de la terciarización y la flexibilidad laboral
impulsada en los ’90 ; evidenciaban las fluidas relaciones entre el ejecutivo y la Asamblea, los debates
sobre la cuestión ecológica dejaron emerger a la luz pública las múltiples tensiones al interior de Alianza
País.

Las posiciones ambientalistas fueron abanderadas por Alberto Acosta, presidente de la Convención,
fundador de AP y miembro de su comando central (el ‘buró político’), asambleísta más votado e
intelectual cercano a sindicatos y movimientos sociales desde los ‘80. Como primer Ministro de Energía
del gobierno, delineó la propuesta para la no explotación del campo petrolero ITT (Ishpingo-Tambococha-
Tiputini), ubicado en el parque nacional Yasuní –una de las reservas de biosfera más importantes del
planeta- a cambio de la compensación de la comunidad internacional por el aporte de Ecuador a la
conservación del ecosistema. Aunque la propuesta ha tenido eco a nivel internacional, y continúa siendo negociada con algunos países europeos, no contó con el pleno respaldo de Correa, quien parece
resignarse a reactivar, no sin variantes, las estrategias desarrollistas de décadas pasadas.

Las tensiones entre “extractivistas” y “ambientalistas” comenzaron, entonces, dentro del gabinete
ministerial y se intensificaron en el curso de las deliberaciones constituyentes. Acosta y los asambleístas
“leales” a Correa mantuvieron intensos duelos en relación a los límites ambientales de la explotación
minera, a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de consultar (tesis
de Correa) u obtener el consentimiento previo (de Acosta) de las poblaciones y comunidades indígenas,
cuando el Estado disponga la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La
influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba siempre con el respaldo del
reducido bloque de Pachakutik, permitió que las tesis ecologistas salgan bien libradas en los dos primeros
debates. Dio paso, además, a la sui géneris figura de otorgar derechos a la naturaleza. En relación a las
explotaciones, sin embargo, se impuso la línea realista del amplio bloque de constituyentes adeptos a
Correa. La dureza del debate dejó muy malogradas las relaciones entre las dos figuras más visibles de la
‘revolución ciudadana’ y, más aún, entre el poder ejecutivo y el movimiento indígena. No sería su último
desencuentro.

Las primeras deserciones del bloque oficialista vendrían, sin embargo, por otras razones. Algunas
facciones de AP, aún a pesar de las reservas religiosas de Correa –quién no ha escondido el hecho de
ser un católico practicante-, propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de
derechos sexuales y reproductivos. El peso del lobby ultra-conservador en la opinión pública aupó la
renuncia de dos asambleístas que consideraban que tales propósitos eran contrarios a la moral católica
de los ecuatorianos. Múltiples organizaciones de mujeres, por su parte, condenaron la timidez con que el
oficialismo encaró el tema.

El caso es, sin embargo, que la influencia de dichas organizaciones en el debate público ha sido
largamente superada, durante los últimos cinco años, por el activismo de múltiples organizaciones civiles

 de faz filantrópica, credenciales reaccionarias y cercanas a los colegios católicos y las cúpulas
eclesiásticas- en defensa de los más retardatarios valores y políticas sobre la vida y la familia. Así, los
denominados grupos pro-vida, avanzaron durante el año 2006 una agresiva campaña para prohibir la
venta de una marca de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia y para reformar la ley orgánica de
salud a fin de eliminar la educación para la sexualidad y toda referencia a los derechos sexuales y
reproductivos. Más tarde procuraron penalizar el aborto terapéutico. En los días de la Constituyente
organizaron diversas marchas a lo largo del país, y en los mismos predios de la Convención, para
oponerse frontalmente a cualquier avance -se oponen incluso al uso de nociones como ‘identidad de
género’ u ‘orientación sexual’- en materia de libertades sexuales, reproductivas y relaciones sociales [2].
Desde entonces, ensangrentadas fotos de fetos acompañan invariablemente todas sus marchas. Su
cruzada moral atropella el ejercicio razonado del debate público en tan compleja cuestión [3]. En el campo
de los movimientos sociales, no solo las organizaciones de mujeres se encuentran políticamente
fragmentadas, debilitadas y con escasa capacidad para incidir en la disputa de la hegemonía cultural en
el seno de la sociedad civil. Los problemas del movimiento indígena, la única dinámica de acción
colectiva que a pesar de todo conserva consistentes anclajes sociales y comunitarios, son similares.

En medio del acoso mediático y eclesiástico, escándalos políticos -denuncia de intentos de comprar
asambleístas y de espionaje militar no autorizado- y la intensificación de fricciones internas, la Asamblea
perdía aceleradamente prestigio social. Acosta no había conseguido dotar de un espacio, una identidad y
una densidad política propia al proceso constituyente. Su voz y las de otros promisorios liderazgos en el
seno de la Asamblea, pasaban prácticamente desapercibidas frente a la del estruendoso líder. La imagen
de éste continuaba intacta e incluso se afirmó luego de su enérgico rechazo a los bombardeos
colombianos en Angostura el 1 de marzo, donde cayó asesinado Raúl Reyes, el número dos de las
FARC.

La debilidad de la Constituyente

La presencia de un “coordinador de contenidos” –designado desde el gobierno- entre el Ejecutivo y la
Asamblea, y la cuasi institucionalización de frecuentes reuniones del bloque de asambleístas de AP junto
con el buró político del movimiento y el mismísimo presidente Correa evidenciaban los problemas de
conducción política del proceso y la voluntad del círculo presidencial de tener bajo su lupa a la Asamblea.

Al ‘mega bloque’ fueron invitados posteriormente los asambleístas de las pequeñas bancadas, afines a
AP, provenientes de Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático, e Izquierda Democrática. La
mayoría llegaba así a 90 constituyentes. En la práctica, tales reuniones funcionaron como instancias de
debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban las resoluciones que luego serían votadas en
conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia pero, una vez que se llegaban a acuerdos, no
debían expresarse en las sesiones plenarias. La unidad del bloque se preservaba con sigilo, al costo de
evitar la amplificación y la publicidad de ciertos debates en el pleno de la Asamblea. Tal dinámica
deliberativa no ha sido usual en la historia de los modernos partidos políticos ecuatorianos. La constante
presencia de una diversidad de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales en su seno mantenía
el carácter participativo del proceso.

Aunque los medios de comunicación han insistido en que se ha redactado una Carta Magna a la medida
de Correa, lo cierto es que en el seno del mega-bloque las controversias y agrios debates entre el
presidente y algunos asambleístas no fueron pocas. Correa debió recular en varias tesis. La declaración
del Estado ecuatoriano como plurinacional –demanda esgrimida por el movimiento indígena desde fines
de los 80– evidenció el peso de las posturas ‘movimientistas’ y pro-indígenas dentro de AP no bien
comprendidas por Correa y sus allegados, ni por los bloques opositores. De igual modo sucedió con
cuestiones relativas a los derechos colectivos y a las demandas corporativas de los sindicatos de
empleados públicos ; o a la gratuidad de la educación pública universitaria [Correa prefería un mecanismo
de financiamiento dirigido a compensar a los sectores más desfavorecidos de la población ; su
planteamiento no prosperó].

El ala izquierda del bloque se mostró muy activa y consistente en estos y otros puntos del debate. Sus
nexos y coincidencias con el campo de los movimientos y organizaciones sociales, y con ciertos
segmentos del poder ejecutivo, abrieron la opción, aún a pesar de las posturas más conservadoras dentro
del círculo presidencial, para planteamientos constitucionales con efectiva potencia transformadora. Se
puede mencionar, entre otros, a “la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo,
solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios
de producción, y en la generación del trabajo digno y estable” (art. 276, inciso 2) ; a la facultad de la
ciudadanía y de las organizaciones colectivas a revocar el mandato de todas las autoridades de elección
popular (incluido el Presidente) y a participar en la toma de decisiones y en el control social de las
entidades públicas y privadas que presten servicios públicos ; a contemplar la necesidad de redistribuir la tierra, el agua y otros recursos productivos como medio para alcanzar la soberanía alimentaria del
Ecuador ; a bloquear la privatización de los recursos naturales no renovables del Estado ; y a la prohibición
de establecer bases militares extranjeras en país.

Muchos de estos avances, largamente debatidos, profundizaron las diferencias dentro del movimiento
oficialista. Así, la tensión entre Acosta –quien para entonces ya había dejado de asistir a las reuniones del
buró- y el entorno presidencial llegó a su punto máximo cuando el presidente de la Asamblea, luego de
siete meses de sesiones y con sólo 54 artículos aprobados (de los 444 con que cuenta el texto), planteó
la necesidad de extender el período de las deliberaciones por dos meses más. Según su argumento, el
tiempo político no podía condicionar la calidad del debate constituyente. Las encuestas gubernamentales
evidenciaban, sin embargo, que la Asamblea se desgastaba aceleradamente y que la campaña mediática
contra la nueva Constitución tenía cada vez más adeptos. En la consulta popular de abril 2007 se había
fijado, además, que el plazo para redactar la Carta Magna era de ocho meses (vencía a fines de julio
2008). Correa y el buró político leyeron la propuesta de Acosta como un suicidio político [4]. El dilema entre
evitar un fracaso electoral en el referéndum para aprobar el proyecto constitucional, o debilitar la cohesión
del bloque al perder a una de sus figuras más emblemáticas, se resolvió en contra de Acosta : a un mes
del cierre del proceso, el buró le pidió que “de un paso al costado” en la dirección de la Asamblea.

La decisión cayó como una bomba dentro de AP, de la convención y de los movimientos sociales. Aun
así, apenas cuatro asambleístas votaron, en el bloque oficialista, contra la renuncia de su presidente.
Acosta no había forjado las alianzas debidas dentro de la bancada mayoritaria. No anunció, sin embargo,
su separación del movimiento y resaltó que continuaría sosteniendo el proceso. Sin su presencia en la
conducción del cónclave quedó despejado el camino para una mayor intervención del ejecutivo en las
deliberaciones. Con nuevo presidente, el pleno de la Asamblea aprobó 380 artículos en tres semanas.

La marcha de Acosta, la escasa autonomía de la convención y la distancia de Correa con los
movimientos sociales, incrementaron las voces que, desde la izquierda, tomaron distancias con el
régimen. El optimismo de militantes y adherentes de la ‘revolución ciudadana’ estaba en su punto más
bajo cuando el gobierno anunció, el 8 de julio, la incautación de casi 200 empresas del grupo Isaías-uno
de los grupos financieros guayaquileños más poderosos del país- a fin de recuperar una parte de los más
de 660 millones de dólares que los ahorristas y el Estado habían perdido, a favor de tales grupos, durante
la crisis bancaria de 1999, que terminó con la dolarización de la economía. La impronta anti-oligárquica
del proceso se recomponía, los movimientos sociales anunciaban su respaldo a la medida y las
encuestas revelaban una recuperación en la imagen del Presidente y de la Asamblea. El Ministro de
Economía, no obstante, prefirió dimitir antes que sostener la medida gubernamental : en la encumbrada
ala derecha del régimen no cayó bien tal medida, la misma que el Estado debió tomar mucho antes del
acceso de Correa al poder.

La batalla electoral

Las falencias procedimentales en el cierre de la Asamblea y el contundente pronunciamiento de la alta
jerarquía de la iglesia católica (ligada al Opus Dei) contra el proyecto Constitucional –por considerar que abre la puerta para legalizar el aborto, que reconoce la unión entre personas de mismo sexo y que es
‘estatista’ (¿ ?)- vislumbran que su aprobación no será tarea fácil. El gobierno y AP han lanzado una
intensa campaña para capitalizar el apoyo ciudadano al Presidente y convencer a los indecisos –que aún
suman casi el 30% del electorado- de las bondades de su proyecto.

Aunque la promoción de la figura presidencial se coloca en el centro de la estrategia electoral oficial, los
niveles de discusión colectiva del proyecto constitucional no tienen antecedentes en el país. Más de dos
millones de ejemplares circulan en diversos puntos de la sociedad, lo que ha abierto la ocasión para que
los ciudadanos comunes se informen y debatan sobre los detalles de la (posible) nueva carta magna. La
Constitución vigente -aprobada en 1998, en un cuartel militar y sin contar con el pronunciamiento populardebe
adquirirse en librerías especializadas…

Un amplísimo conjunto de organizaciones y movimientos sociales, por su parte, se han pronunciado a
favor del proyecto constitucional, pero no sin advertir sobre sus diferencias y críticas con el régimen. Una
derrota electoral supondría, sobre todo para ellos, el estancamiento de un largo ciclo de movilización y
lucha social –liderada en los años 90 por el movimiento indígena- cuyas orientaciones políticas han
impregnado, largamente, la nueva Carta Magna.

En efecto, descontando el sostenimiento del presidencialismo como régimen político, algo a lo que se
opusieron el movimiento indio y las fuerzas de izquierda en la Asamblea de 1998, la propuesta
constitucional del 2008 contiene el conjunto de ideas, demandas e intereses que emergieron desde la
resistencia popular al neoliberalismo, y desde otras agendas de modernización democrática y
transformación social del Estado, la política y la economía. La propuesta de Carta Magna avanza, así, en
cuestiones ligadas a la reconstitución y racionalización estatal ; al reforzamiento de regulaciones
ambientales para el desenvolvimiento de actividades productivas ; a la prefiguración de un modelo de
desarrollo que propende a la igualdad social y al sostenimiento de la soberanía económica y alimentaría
del país ; al derecho a la seguridad social de personas que tienen a cargo el trabajo no remunerado del
hogar ; al reforzamiento del principio de no discriminación, la paridad (de género) en los cargos de
designación y en las candidaturas ; al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y de las
organizaciones, pueblos, y nacionalidades como sujetos de derecho ; a la amplísima promoción de la
participación social y la democracia directa ; a un amplísimo empoderamiento de los migrantes ; a la
primacía del poder civil sobre el actor militar ; y a la profundización del sufragio universal –se amplía la
comunidad política al facultar el derecho al voto de jóvenes mayores de 16 años, ecuatorianos en el
exterior, extranjeros, reos sin sentencia, policías y militares- entre otros elementos.

El predomino de este conjunto de ideas expresa que el conflicto y la lucha social que antecedieron a la
vigente transición política, delinearon un horizonte de comprensión común -que no una ideología similarpara
vivir en, hablar de y actuar sobre los órdenes sociales caracterizados por específicos modos de
dominación. Es más probable que un proyecto se torne hegemónico, y no puramente dominante, cuando
el bloque de gobierno y la sociedad comparten un más o menos extenso conjunto de valores e ideas
políticas, ‘una visión del mundo’.

En los días finales de la Convención, sin embargo, algunos de sus más importantes avances fueron
calificados por Correa como “barbaridades”. Durante la última semana del proceso constituyente, el
ejecutivo incrementó la presión sobre la Asamblea para rectificarlas. El proyecto constitucional fue
defendido in extremis por los segmentos más progresistas y autónomos de la convención y del mismo
gobierno. La oposición ha denunciado que muchos artículos fueron modificados a última hora. Ya en campaña, el Presidente ha tomado bajo sus hombros la defensa de la nueva Carta Magna y ha definido al
referéndum del 28 de septiembre como la “madre de todas las batallas”.

La derecha política, los tradicionales grupos de poder económico y otros sectores de opinión, aupados en
el intenso activismo de la cúpula eclesiástica, comparten dicha opinión ; y han emprendido una intensa
campaña contra la propuesta constitucional. Saben que el futuro del proceso de transición hegemónica,
abierto con el acceso de Rafael Correa al poder, se dirime, en gran medida, en el referéndum para
aprobar dicha propuesta. Una derrota del SI, abriría las opciones para la recomposición política de las
fuerzas conservadoras –Nebot, anclado en su feudo local, ya ha anunciado un abierto desacato político
en caso de que el NO triunfe en su ciudad- y dejaría casi sin oxígeno a la ruta de cambio por la que, con
todas sus ambivalencias, se ha pronunciado activamente la sociedad en los últimos años.

Por ello, en la ratificación popular del proyecto constitucional se juega no solo, la reconquista de la
soberanía nacional, la recomposición de las capacidades reguladoras y redistributivas del Estado y la
implantación de bases igualitarias para el desarrollo, sino la continuidad de la transformación de la matriz
de poder social, en una dirección en que las fuerzas sociales y dinámicas populares, que han impulsado
la necesidad de cambios radicales en el Ecuador, puedan sostener políticamente sus acumulados
organizativos, llenar de contenidos democráticos los avances constitucionales y continuar en la disputa
por el sentido del cambio. Ahí todo el peso histórico del pronunciamiento ciudadano del 28 de septiembre


Notes

[1Pablo Ospina, 2008, “Entresijos de una encrucijada”, en Revista Nueva Sociedad No. 213, enero-febrero.

[2Ver Paula Castello Starkoff, 2008, “Despenalización del aborto y nuevo proyecto constitucional : un tema polémico”,
pp. 19-23, en ICONOS No. 32, septiembre, FLACSO-Quito.

[3Como plantea el antropólogo X. Andrade : “sean como estrategia discursiva, referencia ilustrativa, reflexión
autobiográfica, o causa moral, los fetos viven sus 15 segundos de fama en la política nacional…”. Ver, “Fetos”,
Editorial Diario El Telégrafo, Martes 26 de agosto 2008, Guayaquil. (Ver en http://www.telegrafo.com.ec

[4Acosta habría manifestado, además, su descontento con el mandato agrario emitido desde la Asamblea, como
parte de los intentos gubernamentales de controlar los precios, por cuanto beneficia a la gran producción, subestima
la consideración de los costos ambientales del paquete tecnológico de las empresas agroalimentarias (se
contemplan subsidios directos a fertilizantes y productos fitosanitarios) y no afecta a la estructura oligopólica de los
mercados de alimentos ahorcando así a los sectores campesinos que producen gran parte de los alimentos básicos
(Ver P. Ospina, 2008, “Ecuador : al ritmo de la iniciativa política del gobierno de la ‘revolución ciudadana’”, Análisis
de coyuntura, CEP, Agosto, Quito.)


Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du CETRI.