CETRI
1.- INTRODUCCIÓN.
En los últimos años las calles de Chile se han visto inundadas de protestas y movilizaciones sociales que reclaman respeto de derechos; educación, previsión social y salud más justos; respeto del medio ambiente y calidad de vida. Ciudadanos descontentos, estudiantes, jubilados, comunidades indígenas, inmigrantes, pasando por trabajadores y pescadores, todos unidos por el deseo de hacer ver a las autoridades y a la opinión pública que algo no está bien y que se deben cambiar las cosas. No es un movimiento único y coordinado y no está articulado políticamente; son movimientos en redes que tienen todas las características de la era de la información (Melucci, 1996). Las movilizaciones recientes en Chile son múltiples y heterogéneas, con sus flujos y reflujos; una marea que va y viene, y que ciertamente revela un malestar ciudadano creciente que no ha sido satisfecho por las políticas gubernamentales, ni por las elites políticas.
Es el despertar de una sociedad civil frente a los abusos del modelo neoliberal chileno – otrora alabado en las esferas de poder por sus éxitos - que ha entrado en una crisis endémica, desde mitad de la década del 2000. Para comprender mejor este fenómeno social analizaremos las características generales de la movilización social, los movimientos sociales más relevantes, para finalizar con algunas conclusiones.
2. LA CRISIS DEL MODELO NEOLIBERAL.
Con el retorno a la democracia (en 1990) luego de 17 años de dictadura militar los movimientos sociales bajaron su protagonismo en la sociedad civil, llevando incluso a algunos autores a caracterizar el período de la primera quincena democrática como de desmovilización y de desarticulación de la sociedad civil (Feliu, 2009).
Bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, una alianza de centroizquierda que incluía a varios partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista se procuró, en principio, elaborar políticas sociales que generaran procesos redistributivos, redujeran pobreza y fortalecieran la participación ciudadana. Pero las bases sustanciales del modelo neoliberal, suscrito al consenso de Washington, se mantuvieron principalmente centradas en las políticas de crecimiento, mantención de los equilibrios macroeconómicos, prioridad al mercado como entidad reguladora y fomento de la inversión privada nacional y transnacional.
Al poco andar, el intento de articulación de un modelo neoliberal con una política social y redistributiva evidenciaron sus fuertes contradicciones (Garretón, 2012). Las políticas públicas vieron limitados sus impactos por una excesiva sectorialización, desarticulación del sector público y una relación instrumental con la sociedad civil (de la Maza, 2004). Entre tanto las políticas neoliberales continuaban acentuando un mix público-privado de política de inversiones en infraestructura y provisión de servicios (educación, salud, previsión) que lejos de acortar la brecha social mantuvo e incluso incrementó la inequidad y terminaron favoreciendo a los sectores empresariales y a una elite que se enriquecía cada vez.
La reducción importante de la pobreza y el subsiguiente incremento de una clase media con mayor poder adquisitivo, estimulada por una sociedad de consumo potenciada sobre la base del liberalismo económico y del libre comercio internacional, generó nuevas demandas por mayor acceso a mercados, mayor y mejor acceso a educación, respeto de derechos del consumidor, y elevación de calidad de servicios y agudizó la percepción de las desigualdades. En consecuencia, el modelo neoliberal “a la chilena” (que procuraba esos años articularse con un modelo social redistributivo) entró en crisis hacia la mitad de la década del 2000.
3.- LA CRECIENTE ACTIVIDAD DE LOS MOVIMIENTOS EN UNA CRECIENTE CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
Lo que primero estalló fue el sistema educacional en torno al cual se generaron las protestas del movimiento estudiantil del año 2006, el así llamado movimiento de los “pingüinos” (en alusión al uniforme de los escolares). Luego vinieron un conjunto de movilizaciones de distinto tipo que se agudizaron bajo el gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014). Los estudios acerca del período (PNUD, 2015; Garretón et al. 2017) indican un incremento en la actividad y en la convocatoria del número de ciudadanos en conflictos o actividades contenciosas.
Para sorpresa de los estudiosos de los movimientos sociales y también del orden político establecido, las movilizaciones que se incrementaron en 2011 han marcado un antes y un después. Ese año los movimientos ambientalistas generaron protestas de repercusión nacional contra las represas hidroeléctricas en la remota región patagónica de Aysén; los mineros realizaron un conjunto de huelgas, los mapuches intensificaron sus demandas históricas contra el estado chileno, grupos de feministas retomaron viejas y nuevas demandas, los habitantes del sur austral en Magallanes protestaron por el alza del gas y de manera muy visible los estudiantes secundarios y universitarios salieron a las calles demandando sus derechos educacionales, solicitando fin a la educación pagada y fortalecimiento a la educación pública. Se trataba de protestas con una magnitud que solo fue vista cuando las masas luchaban por la democracia contra el régimen de Pinochet en la década de los 80’(von Bülow y Donoso, 2017).
El segundo gobierno de la socialista Michel Bachelet (2014-2018), ha intentado aplicar un conjunto de reformas frente a la crisis del modelo neoliberal que se profundizó estructuralmente entre 2006 y 2017, pero no ha tenido los resultados positivos que se esperaban. No sólo por la natural resistencia al cambio y la oposición tenaz de parte de los sectores favorecidos y conservadores; sino que también por la dificultad de la conducción política en una coyuntura muy exigente y la ineficiencia del gobierno. Todo ello ha radicalizado las demandas sociales, especialmente relativas a las desigualdades que se viven en el país. Datos recientes indican que la molestia frente a las desigualdades está muy presente. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica “mucha molestia”, alrededor del 67% de la población declara que le molesta mucho (9-10) la desigualdad en tres ámbitos: salud, 68%; educación, 67%; falta de trato respetuoso/discriminación, 66% (PNUD, 2017).
Junto a una variación cuantitativa al alza, lo que las movilizaciones sociales reflejan es un cambio cualitativo en cuanto al tipo de demandas sociales que encarnan. Los estudios indican que disminuye la proporción de conflictos focalizados y acotados a temas específicos y que atañe directamente al estrecho círculo de los involucrados (por ejemplo una huelga puntual en una empresa) y, en cambio, aumenta la proporción de eventos de protesta que reivindican demandas por el cambio en reglas del juego o políticas públicas que atañen a colectivos más amplios (por ejemplo, demandan un cambio en la legislación laboral y el derecho a huelga) (PNUD, 2015: 17) . Es decir, las movilizaciones sociales de esta última década se han visto “politizadas” puesto que ahora involucran opciones de políticas y apuntan al cambio en estructuras de poder en la sociedad.
La nueva cultura de la protesta y de la movilización que impera en la década reciente en el país se evidencia de múltiples maneras e interrumpe la vida cotidiana. Durante el año 2017 se han registrado, por ejemplo: protesta del sindicato de taxistas contra Uber por competencia desleal; protesta de la comunidad china residente frente al palacio de gobierno por el incremento de la delincuencia en su contra; vecinos de varias comunas protestan contra la compañía de electricidad por el alza injustificada de las cuentas de la luz; manifestaciones de ciudadanos en contra del servicio del sistema de transporte público (Transantiago), etc.
4. ALGUNOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESTACADOS.
Estos años las reivindicaciones han sido de todo tipo: sobresalen las luchas por la igualdad de género y la reactivación de los movimientos feministas, las organizaciones y politización creciente de los inmigrantes, las reivindicaciones por los derechos de identidad sexual y transgénero, y la lucha del movimiento por los derechos de los consumidores, pero destacan los movimientos estudiantiles, el movimiento contra las administradoras de Fondos de Pensiones (No más AFP), los indígenas, los ambientalistas y el movimiento por una nueva constitución. Una visión panorámica acerca del estado de las movilizaciones y de la multiplicidad de actores llenaría mucho espacio, por lo que solamente entregamos aquí algunos elementos sobre los movimientos que han tenido mayor impacto en la opinión pública y repercusión política.
4.1- El movimiento estudiantil.
Los estudiantes se han movilizado en el país desde el retorno a la democracia en 1990. Pero en 2006 hay un punto de inflexión por cuanto, de manera inédita, más de doscientos escuelas secundarias a lo largo del país participan en tomas, marchas y paros demandando la gratuidad en la prueba de selección a la universidad; ampliación de pase escolar para el transporte público y reformas al sistema educacional. Esas movilizaciones masivas de secundarios fueron retomadas por estudiantes universitarios y secundarios en 2011 bajo el gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) donde las marchas y protestas, esta vez, demandaban con claridad la gratuidad en le educación, el fin al lucro y el fortalecimiento de la educación pública y de calidad.
La reforma del sistema educacional chileno fue acogida en las propuestas programáticas con que la presidenta Michel Bachelet llegó a encabezar su segundo mandato (2014-2018). Se busca desmantelar las bases neoliberales que inspiran tanto al sistema de educación básica y secundaria y al sistema universitario y sentar bases para el fortalecimiento de un sistema público que entiende a la educación como un derecho y no como una mercancía. Como el paquete de la reforma educacional ha sido tramitado por el congreso y su implementación se ha visto lentificada, el movimiento estudiantil ha mantenido sus movilizaciones, pero ahora con menor empuje que antes. Las demandas de las dirigencias estudiantiles son ahora profundizar en la reforma.
4.2.- El movimiento contra las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión).
El sistema de pensiones vigente, instaurado bajo el régimen militar, se basa en la capitalización individual. El movimiento No+ AFP, de grandes dimensiones, surgió de una demanda por una pensión justa en la vejez. “…tenemos conciencia que al llegar a nuestra vejez, nuestro nivel de vida se deteriorará sustancialmente, dado que jubilaremos por una AFP (administradora de fondo de pensiones), con una pensión que será la tercera parte de lo que hoy ganamos” dice el portal WEB del movimiento [1] que agrupa una gran cantidad de organizaciones de trabajadores. Durante 2013 se conformó en un movimiento, se consiguió que el tema estuviese en el debate y luego la presidenta Bachelet nombró a un “Consejo Asesor” que elaboró una propuesta de reforma, que transformada en proyecto de ley, acaba de ser enviada al congreso en 2017.
Pero el sistema de jubilaciones – que fuese admirado por los neoliberales - hizo crisis hace muchos años y la presión sobre las familias ha sido considerable. Ya en el año 2000 el nivel de confianza que alcanzaba entre los entrevistados solamente al 27% (Morales, Navarrete 2004) y en 2014, una encuesta oficial sobre las AFP indicaba que el 71% de los pensionados declara que la pensión de vejez que recibe no les alcanza para satisfacerlas las necesidades básicas (STATCOM, 2015).
En julio de 2016 se realizó a primera manifestación multitudinaria No+AFP, que conmovió a todo el país y a las elites. Según sus organizadores asistieron más de un millón de personas. Luego en agosto de 2016 se realizaron manifestaciones masivas de las mayores proporciones en las principales ciudades de Chile pidiendo el fin del sistema privado de pensiones. Durante 2016 y 2017 se han vuelto a realizar grandes manifestaciones de este tipo.
De acuerdo a los estudios y al propio movimiento uno de los problemas del sistema AFP es que los fondos son administrados por empresas privadas que son controladas por grandes grupos económicos de capitales nacionales o internacionales, que obtienen muy altas rentabilidades de la administración de fondos que equivalen a casi la mitad del PIB del país. Mientras tanto las pensiones son bajísimas e incrementan la pobreza en la tercera edad.
4.3.- La protesta y el movimiento mapuche.
Entre 1990 y 1997 los pueblos indígenas (el 9% de la población total) colaboraron con las autoridades en la búsqueda de una legislación favorable a los derechos étnicos (Bidegaín, 2017). Pero en la noche del 1 de diciembre de 1997 tres camiones madereros fueron incendiados por comuneros mapuches en la comuna de Lumaco. Protestaban en contra de las grandes empresas forestales que, bajo el amparo de la política extractivista de Pinochet durante los años 80, habían expandido sus explotaciones en una región densamente poblada por indígenas (Bio-Bio y Araucanía) afectando a las comunidades y al ambiente. Su prosperidad contrastaba crecientemente con la pobreza y marginalización en que se encontraban los grupos indígenas vecinos y se radicaban en tierras reclamadas por muchas comunidades mapuches.
Las movilizaciones de los mapuches, organizados en variados grupos con tendencias distintas, comenzaron a hacerse cada vez más intensas y visibles. Algunos de ellos, siendo el más importante la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), comenzaron a incluir protestas disruptivas en su repertorio de acción, legitimando métodos violentos como toma de terrenos, quema de plantaciones de bosques, maquinarias y camiones, incendio de predios, y bloqueo de caminos, lo que generó una respuesta represiva de parte del estado.
El estado ha procurado responder a las demandas de tierras por medio de la Ley Indígena que crea un Fondo de Tierras y Aguas y generó en 1993 un organismo especial, la CONADI. Pero las políticas de desarrollo indígena han fracasado en tierras mapuches (Bio-Bio y Araucanía) y las demandas de algunos grupos mapuches en la década del 2000 se vieron radicalizadas.
Se observa una incapacidad de parte del estado nacional de reconocer, de veras, la deuda histórica con un pueblo que ha sido colonizado y oprimido durante más de ciento treinta años. Luego de ellos haberse mantenido libres de dominación durante cerca de 500 años o más ya que no se puede olvidar que los mapuches son uno de los pocos pueblos del sur que resistieron, primero la conquista incaica y luego la española y solo fueron sojuzgados en 1880 por el ejército de Chile.
La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido altamente controversial y ha exacerbado los conflictos incluyendo huelgas de hambre de los presos o por solidaridad con ellos o bien demandas al estado chileno a organismos internacionales de derechos humanos. A este respecto, varios de los informes de Relatores Especiales y Comités de Naciones Unidas, y la Corte Interamericana de derechos Humanos, han manifestado su preocupación por la aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros del Pueblo indígena Mapuche en relación con delitos cometidos en el contexto de la protesta social o han manifestado una aplicación “desproporcionada” y discriminatoria de la referida ley a los mapuches (CIDH, 2014).
Al no haberse resuelto satisfactoriamente las demandas indígenas y al estado no haber cumplido con las expectativas de solucionar las reivindicaciones territoriales indígenas mapuche permanece latente el riesgo de que las protestas indígenas permanezcan e incluso escalen.
4.4.- El movimiento socioambiental.
El modelo de desarrollo chileno está basado en la inserción de la economía nacional en el mercado capitalista transnacional, principalmente por la vía comercial promoviendo las exportaciones de materias primas con ventajas comparativas. Las políticas extractivistas implementadas al efecto, que acentuaron las inversiones en sectores primarios (minería, forestal, agroindustria, pesca) fueron excluyendo no sólo a pequeños productores, sino que además acentuaron su impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre comunidades locales e indígenas, afectando derechos y patrimonios culturales y naturales. Todo ello ha incrementado las tensiones y los conflictos socioambientales. Este tipo de eventos se han dado en el país, pero a partir de 2010 ellos se incrementaron. En 2015 el Instituto Nacional de derechos Humanos registraba en su mapa de conflictos socioambientales 102 conflictos entre 2012 y 2015 (INDH, 2016) y una comisión gubernamental encargaba un estudio en 2015 (Astorga et al. 2017). Del total de megaproyectos con conflictos en los últimos años, el 57,1% corresponden a la industria de energía, el 30,6% a la industria minera y el 12,2% al sector silvoagropecuario (agroindustrial, embalses y celulosas). Se estima que actualmente los conflictos socioambientales per cápita en Chile son de los más elevados en el contexto internacional.
El principal recurso natural en torno al cual se han levantado conflictos este último tiempo es el agua. En una época marcada por los impactos adversos del cambio climático el agua ha pasado a ser un recurso escaso de relevancia estratégica (Parker, 2014). Al agotamiento, sobrexplotación y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se une la mercantilización en su empleo y la concentración del recurso en manos privadas. Minería, forestales, agroindustria e hidroelectricidad amenazan cuencas, ríos, humedales, y glaciares afectando ecosistemas, comunidades, paisajes y economías locales.
No extraña que los principales movimientos socioambientales que han impactado la opinión pública, Pascua Lama, Hidroaysén y Alto Maipo estén vinculados al recurso agua. El movimiento Patagonia sin Represas, se gestó y creció contra Hidroaysén proyecto de cinco represas hidroeléctricas en la Región austral de Aysén, argumentando que tendrían efectos devastadores para el medio ambiente y para los habitantes de la zona. El movimiento tuvo éxito en la medida en que una de las primeras medidas del gobierno de Michel Bachelet en 2015 fue la paralización del proyecto. Pascua Lama, por su parte, es un proyecto de mina de oro en la frontera argentino-chilena en la IV Región que afecta los glaciares milenarios de la alta cordillera y que impacta los recursos hídricos de las comunidades de campesinos e indígenas del sector. Las movilizaciones de las comunidades locales, tanto en Argentina como en Chile, se tornaron un vasto movimiento contra la Barrik Gold propietaria del proyecto y lograron finalmente en Chile la paralización del mismo por la vía judicial en 2016. Alto Maipo es un proyecto de central hidroeléctrica en una cuenca cercana a la capital, Santiago, que ha sido resistido por sus habitantes ya que afecta no sólo el río, sino la economía y el turismo local. El proyecto está suspendido.
Si bien existe una institucionalidad ambiental desde 2011 (Ministerio del Medio Ambiente, Sistema de Evaluación Ambiental, Tribunales Ambientales) la participación ciudadana ha sido totalmente insuficiente, el estado interviene poco y se priorizan los intereses de los grandes inversionistas (CSCP, 2016). El extractivismo como modelo de desarrollo y de relación naturaleza y sociedad; las diversas formas de asimetrías o injusticias ambientales; y una institucionalidad ambiental poco eficaz y poco participativa, hacen que los conflictos continúen y continuarán activos.
4.5.-Movimiento por una Nueva Constitución.
Se observa en general que en el siglo XXI los movimientos sociales se han visto “despolitizados” en la medida en que se circunscriben a demandas puntuales y no abogan por cambios estructurales. Los cambios estructurales y culturales de décadas pasadas han generado nuevos ejes de la acción colectiva (Garretón, 2002): la lucha contra la exclusión social y por la ciudadanía y la lucha por los derechos socioculturales han pasado a tener un mayor protagonismo.
Sin embargo, lo novedoso es que ha resurgido en el Chile de la última década una voluntad de cambio social y político, un movimiento que se va conformando en torno a un cambio social global y que tiene su manifestación más evidente en el movimiento por una asamblea constituyente para cambiar la constitución que todavía conserva muchos elementos heredados de la dictadura militar.
Por cierto, los cuestionamientos a la Constitución de 1980 (vigente con muchas enmiendas hasta hoy), se remontan a la década de 1990, recién en el período de elecciones presidenciales de 2013 la modificación de la Constitución mediante la realización de una Asamblea Constituyente emerge como temática y se constituye como un conflicto social con visibilidad pública (Soto, 2014). Entre los actores sociales que han liderado esta demanda destacan el Movimiento por la Asamblea Constituyente y la campaña política Marca tu Voto.
El movimiento por la Asamblea Constituyente ha seguido sus acciones alentado por el proceso encabezado por el gobierno que convocó a la realización durante el año 2016 de encuentros ciudadanos locales y luego cabildos provinciales y regionales para propuestas de redacción de una Nueva Constitución. Sus resultados fueron sistematizados [2] y se incluyen en un proyecto de Ley de Reforma Constitucional que está siendo debatido, aunque incluye una Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma como una de las varias alternativas. El debate ha pasado a segundo plano en la medida en que 2017 es el año de las nuevas elecciones Presidenciales, aun cuando el tema de la reforma de la constitución sigue vigente, lo que mantiene al movimiento por una Asamblea Constituyente en estado latente.
5. CONCLUSIONES.
Es acerca de las características que ha adoptado esta movilización, que algunos han llamado “politización” de la sociedad civil (PNUD, 2015) que desarrollaremos este trabajo, planteando algunos elementos de antecedentes y de interpretación general y reparando en algunos de los casos más notables en torno a los cuales se puede decir que se han rearticulado movimientos sociales este último tiempo.
Hemos visto en las secciones anteriores los movimientos sociales más relevantes y que mayor impacto han tenido en la opinión publica en los años recientes. En ellos se observa, a partir de reivindicaciones específicas, educación, previsión, derechos indígenas, medio ambiente, que no se quedan encerrados en sus propios temas y sus demandas llegan a tocar aspectos fundamentales del conjunto del modelo neoliberal. Si durante años los movimientos sociales habían protestado por cuestiones que afectaban sus intereses inmediatos, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera a partir de 2010 generó el riesgo de la acentuación del modelo neoliberal. Ello despertó a los movimientos que, por lo demás, se abrieron paso en forma autónoma de los partidos de la centroizquierda dado que éstos no los habían acompañado en sus demandas. La crisis del modelo neoliberal se acentuaba con sus contradicciones objetivas, pero ahora los movimientos comenzaron a percibirlas y a transformarlas en motivaciones de cambio. El predominio del mercado con sus tendencias a la autorregulación, la escasa intervención del estado en la regulación de la vida colectiva, “amenazó a la comunidad y a la estabilidad personal” (Silva, 2017: 270). La lucha contra la mercantilización de la vida en todas sus dimensiones y la centralidad del reclamo por los derechos fue acompañada no sólo de protesta sino también de propuestas que luego fueron recogidas parcialmente por el gobierno de Michel Bachelet y su nueva alianza, la Nueva Mayoría. Pero las dificultades del avance de las reformas han dado pie a que el motivo de las movilizaciones continúe.