CETRI
Introducción
La irrupción de Evo Morales como presidente de Bolivia el año 2006 representó no sólo la ilusión de un nuevo paradigma civilizacional como es el Vivir Bien si no también llevar a la práctica un original proceso de democracia basado en la fuerza organizativa y la tradición de los movimientos sociales.
En la historia larga, los procesos de acumulación de fuerzas en los movimientos sociales, sobre todo los de raíz campesino/indígena sumados a la resistencia a los modelos impuestos de ajuste estructural “neoliberales” ocurridos en los últimos 20 años, fueron determinantes para lo que se concibió como un proceso revolucionario que iba a cambiar la situación de pobreza y marginación de la mayoría de la población boliviana, sobre todo de pueblos campesinos e indígenas.
Once años después, la propuesta del Vivir Bien ha virado hacia un modelo neo modernizador dependiente de las industrias extractivas, sobre todo gas y minerales y con fuerte presencia del Estado, con excelentes indicadores macroeconómicos ; y si bien, las políticas sociales centradas en transferencias condicionadas y no condicionadas han reducido los niveles de pobreza todavía persiste grandes brechas y desigualdad.
Y el protagonismo de los movimientos sociales, de los primeros años, está siendo cuestionado pues las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, que fueron la fuerza del cambio, se encuentran en su mayoría divididas : unas fracciones alineadas al gobierno y las otras contestarias ; con líderes distanciados de sus bases y fuertes indicios de un enriquecimiento repentino, mientras que los líderes disidentes son perseguidos judicialmente.
El momento del cambio
A comienzos del siglo XXI, el año 2006, se inaugura una etapa de esperanza para los sectores populares, con la llegada de Evo Morales a la presidencia del país ; Morales lidera un nuevo tipo de democracia en América latina, donde se busca la inclusión de los pueblos indígenas en las decisiones políticas del Estado.
El proceso de reivindicaciones indígenas fue largo, se inicia en la época de la colonia española, continua en la República y se hace visible en las primeras marchas campesinas/indígenas a fines de los años 90, demandando tierra, territorio, trabajo, autonomías indígenas y representación política autónoma. En las elecciones del 2002, “los bolivianos votaron por una fuerte representación indígena en el Parlamento, aymaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, encuadrados en sus propias organizaciones políticas, bajo liderazgos indígenas, que ya no necesitaban acceder a la política a través de movimientos populistas o mediante su presencia subordinada en los partidos tradicionales o en las alianzas con los mismos”, (Liendo, 2009).
En los primeros años del siglo XXI se vivieron fuertes conflictos sociales protagonizados por la población cansada del estancamiento económico, desempleo y fuerte pobreza ; así como por la profundización de medidas antipopulares como la privatización, que llevaron a la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y, luego de una serie de gobiernos transitorios, al triunfo de Evo Morales y el MAS en las elecciones del año 2005.
Propuesta de partida y lo logrado
La primera gestión de gobierno (2006-2009) se caracterizó por intentar transformar un país a partir
de la construcción de una visión de futuro que, retomando raíces culturales indígenas se denominó del Vivir Bien. Este paradigma pretendía un desarrollo equitativo con una mirada holística en la que las necesidades de las personas debían ser compatibles con respeto al medio ambiente, a los derechos de la madre tierra, en armonía con la comunidad y con la familia. Este paradigma está presente en la nueva Constitución Política del año 2009 ; y se esperaba que, a través de su implementación en el contexto del “proceso de cambio”, se buscaría remover las causas estructurales que empobrecen a la población rural y la población del área urbana esperaba que se dieran las condiciones para empleo digno, y todos, una mejora en las condiciones de vida y salir de la pobreza.
Con la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, el gobierno sentó soberanía sobre los recursos naturales estratégicos, recuperando el control de las empresas estratégicas e iniciando procesos de industrialización nacional ; algunos analistas calculan que en estos once años del gobierno de Evo Morales han ingresado al país 60.000 millones de dólares [1] . Una parte de este excedente se financian programas de respaldo a grupos vulnerables como niños (Bono ’Juancito Pinto’), embarazadas (Bono ’Juana Azurduy’) y ancianos (Renta Dignidad), los recursos también se destinan a la construcción de obras de alto impacto social en las comunidades mediante el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, que según informes ha realizado más de ocho mil proyectos constructivos escasamente coordinados con la planificación municipal y que no responden a las necesidades como producción, educación y salud, para estos últimos sectores se ha construido infraestructura pero, sin equipamiento ni personal.
También se ha intentado posicionar al Estado productor a través de la creación de empresas estatales, cuyo manejo es fuertemente cuestionado en los últimos años por los altos costos de su infraestructura y por su manejo deficitario.
En la última década, se ha impulsado el concepto de seguridad alimentaria con soberanía, como uno de los valores esenciales en el paradigma del Vivir Bien ; la paradoja es que la importación y el contrabando de alimentos ha crecido notablemente, especialmente de productos de la agricultura familiar : papa, fruta, verduras y hortalizas ; mientras que el país tiene excedentes en productos de la agroindustria mostrando que, el modelo de desarrollo rural ha favorecido sobre todo a este sector.
Once años después, a pesar de los indicadores económicos que muestran un crecimiento de 4,5% del PIB, mayores ingresos por exportaciones, baja inflación y avances en materia social como la reducción de la pobreza cuantificada por ingresos y de democratización del sistema político, Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica ; de acuerdo con los datos del Censo 2012, 50% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, de los que más del 80% viven en el área rural y, registra uno de los más elevados niveles de hambre en América del Sur, 16,9% de bolivianos está subalimentado, sólo detrás de Guatemala que registra 21, 3% según fuentes de la FAO.
A pesar de los discursos de un desarrollo concebido como el Vivir Bien y de respeto a la Madre Tierra, se ha puesto en práctica un modelo desarrollista alineado al capitalismo globalizado, que deforesta y prioriza megaproyectos tales como grandes hidroeléctricas en territorios indígenas o de reservas naturales.
Movimientos sociales : de la resistencia al ejercicio del poder
Los movimientos sociales han cumplido un rol fundamental en los cambios de la vida política de Bolivia desde las luchas indígenas por reconquistar autonomía y territorio, pasando por las luchas obreras encabezadas por mineros durante el siglo XX que, en el contexto de la revolución de 1952, dieron origen a la Central Obrera Boliviana (COB).
Entre los años 70 y 80, como parte de la resistencia a las dictaduras militares surgiría el movimiento campesino encabezado por sectores kataristas [2] , de los que nacería la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB.
En 1985, al caer los precios de los minerales y el cierre de minas estatales, miles de mineros fueron despedidos, encontrando refugio en las regiones productoras de coca ; su inserción como productores fortaleció el movimiento campesino de productores de coca ; que pasa de demandar el derecho de cultivar coca a un discurso indigenista de hacer respetar el cultivo de la hoja de coca como una tradición cultural milenaria, enfrentándose a la política de erradicación forzosa dominante en esa época.
El proceso de municipalización, que se dio en ese periodo, conocido en Bolivia como Participación Popular [3] dio, como resultado no esperado, la emergencia de liderazgos locales, provenientes de los movimientos sociales, como autoridades para posteriormente a tener presencia en el Parlamento a partir de representaciones propias y no intermediados por los partidos políticos.
Estos espacios ganados dentro de la participación en una democracia pactada se verían fortalecidos ante la resistencia a medidas económicas de los gobiernos neoliberales, entre los que se tienen como hitos : la resistencia a la privatización del agua, « Guerra del Agua »(2000) ; la oposición al impuesto sobre los salarios, que provocó el 2003 una explosión social que logró paralizar las ciudades de La Paz y El Alto ; el intento de vender gas a Chile [4], que llevó a un alzamiento popular conocido como la "Guerra del Gas” (2003) que tuvo como escenario la ciudad de El Alto. Todas estas acciones fueron reprimidas mediante la fuerza militar provocando cientos de muertos y heridos y finalmente a la huida del presidente Sánchez de Lozada y la sucesión de gobiernos transitorios hasta llegar a elecciones anticipadas el año 2005.
Los movimientos sociales en el proceso de cambio
De los movimientos sociales que generaron el cambio, cocaleros y colonizadores, son la base de apoyo orgánico y permanente del MAS ; son aliados circunstanciales del gobierno los cooperativistas mineros, y algunos sindicatos obreros como los petroleros ; alternan entre el apoyo y la crítica la Central Obrera Bolivia y algunos sectores del magisterio ; otros como CONAMAQ y CIDOB fueron aliados hasta la promulgación de la Constitución el año 2009, ahora son marginados y calificados de opositores por exigir su cumplimiento.
Luego de la victoria de Evo Morales y la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (CPE), se hace patente una amplia vinculación entre el partido de gobierno y diversos movimientos sociales, en el transcurso del tiempo este vínculo oscilaría con tensiones entre autonomía, colaboración y cooptación.
Un elemento importante que, ha quedado sólo en el discurso gubernamental es que su gestión obedece a las reivindicaciones de los movimientos sociales incluidas en la CPE, que tienen que ver con el reconocimiento de derechos y territorios a los pueblos indígenas, el derecho a la tierra por parte de los campesinos, los derechos de las mujeres, la visión de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, entre otros.
El año 2011, este pacto se rompe por la decisión gubernamental de realizar la construcción de una carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) incumpliendo el mandato constitucional de Consulta Previa, la propuesta provocó la resistencia tanto de los movimientos sociales de tierras bajas como de tierras altas logrando frenar este proyecto gubernamental. Sin embargo, este año 2017, el gobierno ha logrado la aprobación de normativa que levanta la intangibilidad del TIPNIS en una perspectiva de “desarrollo integral”, insistiendo en la construcción de la carretera, pero sobre todo favoreciendo la expansión del cultivo de coca y la posibilidad de explotación de hidrocarburos y minerales en ese parque nacional.
Los movimientos sociales que desde el 2004 formaron el Pacto de Unidad como resistencia a gobiernos antipopulares, se han visto reemplazados por la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) creado el 2007 como una forma de “control social” de la gestión pública, pero sobre todo de coordinación política entre los movimientos sociales y el gobierno del MAS.
Es importante notar la diferencia entre el Pacto de Unidad y CONALCAM en relación con la aproximación y subordinación respecto al partido de Gobierno. Algunos analistas, entre ellos Mayorga, consideran que la CONALCAM actúa como una suerte de brazo sindical del partido de gobierno y articula a diversos sectores en torno a demandas de alta agregación mientras que el Pacto de Unidad fue gestado por las organizaciones sociales para actuar como protagonistas en el proceso constituyente, manteniendo su autonomía, (Mayorga, 2011). El presidente Morales preside la CONALCAM, como líder reelecto de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de productores cocaleros, en una duplicidad de roles.
Las líneas de colaboración se han dado en estos años, sobre todo, con las organizaciones campesinas, cuyas demandas son atendidas prontamente y otorgan un apoyo constante al gobierno. Con las organizaciones indígenas, el escenario ha sido de confrontación en estos últimos años, pues han cuestionado el no reconocimiento a sus derechos : el de ciudadanía dad la cantidad reducida de circunscripciones electorales especiales para representantes de los pueblos indígenas ; el derecho sobre recursos naturales en sus territorios, y sobre todo, la visión de desarrollo modernizadora sin tomar en cuenta las visiones indígenas.
Entre cooptación y corrupción
Para avanzar en sus propuestas, el gobierno ha cooptado a algunos líderes de los movimientos sociales a través de darles empleo y convertirlos en funcionarios públicos o puestos en la Asamblea Plurinacional ; a otros, a través de la otorgación del dinero público para obras en sus comunidades y municipios ; proyectos separados de la planificación municipal, con muy poco control y en muchos casos con desembolsos efectuados a sus cuentas privadas, lo cual está prohibido por Ley. Según denuncias de la oposición gran parte de estos recursos fueron destinados a movilizaciones en momentos electorales.
Un ejemplo emblemático es el manejo que se hizo de los recursos manejados por el Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (FONDIOC), provenientes del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH). Hasta el año 2015, el Directorio [5] había aprobado más de mil proyectos directamente administrados por las organizaciones sindicales ; la Contraloría General del Estado detectó un daño económico de 102 millones de bolivianos (alrededor de 15 millones de dólares) por proyectos irregulares, otros inexistentes pues, en muchos casos, los supuestos beneficiarios de obras ya "ejecutadas” ni siquiera tenían información de que había algún proyecto en su comunidad y proyectos inconclusos, en una burla a las necesidades de la población rural.
Hay 29 personas encarceladas, sobre todo dirigentes campesinos, pese a que existen más de 4.300 responsables de estos proyectos ; hasta la fecha no se ha citado a dirigentes y exministros que formaron parte del Directorio, están presas dos ex ministras de desarrollo rural, las organizaciones están fragmentadas.
Futuro de la resistencia
La perspectiva de los movimientos sociales en este contexto es compleja, sobre todo dados los anuncios de una repostulación anti constitucional del presidente Evo Morales [6] ; los sectores afines al poder temen perder el protagonismo y los privilegio conseguidos en esta década ; las facciones rebeldes de los movimientos sociales se sienten débiles frente al discurso de “desarrollo” que viene acompañado de obras insustanciales. Frente a ello las naciones y pueblos indígenas avasallados, tienen el apoyo de la clase media y sectores urbanos dispuestos a defender derechos consagrados constitucionalmente.
En un futuro cercano, la tarea más importante será recuperar la unidad de los movimientos sociales que hoy está fragmentado entre oficialistas y opositores. Se deberá construir, otra vez, las visiones de una democracia participativa, con criterios de alternancia que surgen de la práctica de los movimientos sociales, que rescate ideales de los primeros años de este proceso, de un desarrollo para Vivir Bien, democrático, equitativo y sostenible.